Lo ocurrido en el último pleno del Ayuntamiento de Córdoba no puede presentarse como un gesto desafortunado ni como un exceso verbal más de la política municipal. Cuando un portavoz de la oposición invita abiertamente a convertir las sesiones plenarias en un campo de presión ambiental contra el equipo de gobierno, no está ejerciendo crítica democrática: está cuestionando el propio funcionamiento de la institución. El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, le guste o no al socialista Hurtado, y lo hace con la legitimidad de las urnas. Lo que se vio en el pleno fue una invitación a desbordar esa legitimidad desde fuera.
El portavoz del PSOE no se limitó a mostrar apoyo a los colectivos afines —lo cual sería legítimo en cualquier democracia—, sino que, tras ser estos desalojados por la Policía Local porque habían acudido a ‘reventar’ la sesión, ofreció respaldo explícito a que vuelvan al salón de plenos cuantas veces sea necesario para manifestarse. Lo hizo además señalando que esas presiones deberían repetirse en cada pleno, dejando claro que el PSOE estaría disponible para facilitarlo. Ese mensaje no es neutro ni inocente: equivale a abrir la puerta a normalizar gritos, pancartas y tensión organizada como forma habitual de interlocución política.
Mucho se habla de polarización en España, pero casi siempre para culpar al adversario. Sin embargo, la izquierda y el partido socialista han hecho de la polarización un instrumento estratégico. Reparten carnés de demócratas y etiquetan como antidemocrático, intolerante o promotor del odio a quien no piensa como ellos. El centro-derecha suele responder con un silencio que pretende ser moderación, pero que termina actuando como un permiso involuntario para que el marco mental que impone la izquierda se consolide. Y la batalla del relato la gana, casi siempre, quien acusa, no quien calla. El episodio de Córdoba es un ejemplo perfecto de ese mecanismo.
Y para comprenderlo en su dimensión completa hay que sumar otro gesto que también sucedió en ese pleno: el mismo portavoz socialista que se erige en defensor de las libertades y denuncia las agresiones homófobas no dudó en dirigirse a la portavoz de Vox con un ataque cargado de desprecio personal, tachándola de «inculta». Ella respondió; y menos mal. Porque guardar silencio ante esos ataques no frena la polarización: la alimenta.
Defender la moderación es necesario. Rechazar la crispación es deseable. Pero nada de eso puede confundirse con la claudicación. Las instituciones no se respetan por omisión ni por miedo a que alguien nos acuse de colaborar con la tensión política. Al contrario: se defienden con firmeza, sin complejos, frente a quienes pretenden instrumentalizarlas.
España ya ha conocido etapas en las que la izquierda entendía la democracia solo como instrumento para llegar al poder o retenerlo. Y sería una ingenuidad monumental ignorar que la actitud política del sanchismo comparte esa misma línea. Lo que ha sucedido en Córdoba no es un episodio menor ni local: es una traducción municipal de un patrón nacional.
La democracia se basa en la palabra, en las normas, en el respeto institucional. Nunca en la presión ambiental, en la intimidación ni en convertir los plenos, los parlamentos o los espacios de representación pública en graderíos de hinchada. Quien invita a «demostrar la realidad» a golpe de bocinas y gritos no está apelando al pueblo: está degradando la democracia.
Y cuando eso ocurre, el silencio no es neutral. El silencio cede terreno.