Los socialistas cordobeses andan muy preocupados por las piedras, apoyados por los vigilantes de la arqueología local, tan dados a mirar al pasado —literalmente— mientras la actualidad ofrece otros ángulos no menos interesantes y de mayor calado, de esos que afectan de verdad al día a día de la gente.
Desde que la Junta, con el gobierno popular de Juanma Moreno, retomara el proyecto de la Ronda Norte, todo- desde la izquierda- se ha asumido como una afrenta que retrata la incapacidad que las administraciones socialistas anteriores han tenido para ejecutar y terminar un proyecto que acumulaba casi veinte años de parálisis. Así, desde el movimiento vecinal hasta los arqueólogos de guardia, pasando por los juristas en alerta (esa disciplina grupal y colectiva que para sí quisieran otros), han tratado de paralizar un proyecto de ciudad que ahora todo apunta a que se va a convertir en una realidad.
Los restos arqueológicos hallados en la zona de la Arruzafilla se han convertido en una de las armas perfectas (no se podía saber) y así tenemos a los vigilantes y al aparato político pendientes del cuidado y protección de las piedras (no tanto como la Consejería de Cultura), con más celo del demostrado en su día por Cercadillas, cuando no solo no vigilaron, sino que destruyeron unos restos mucho más importantes que los encontrados ahora. Deben de haber aprendido la lección y de ahí el celo, la denuncia en Fiscalía tras las recientes lluvias y la solicitud de BIC para la supuesta basílica cristiana de época omeya. Judicializa, que algo queda.
Un PSOE que pone más cuidado en la arqueología que en las afiliadas, a tenor de los últimos casos conocidos sobre presunto acoso sexual. Un PSOE que exige protección para los restos patrimoniales, pero no para las personas: una semana más la Junta ha vuelto a denunciar la asimetría en la financiación de la dependencia que se padece en la comunidad, en la que el gobierno regional pone un 71 % del presupuesto frente al 29 % del gobierno de Sánchez. El acordado y preceptivo cincuenta por ciento se cumple, eso sí, en el País Vasco, lo que coloca a los dependientes andaluces y a sus familias en una categoría de segunda división, cuando menos.
Ya está tardando el PSOE local en acudir a la Fiscalía ante tamaña injusticia. Será cuando dejen de vigilar y poner piedras en el camino de las infraestructuras viarias, hidráulicas y eléctricas que Córdoba necesita con urgencia.