No se habían localizado aún todos los cuerpos del accidente ferroviario de Adamuz cuando Sánchez sacó de su tenebrosa chistera lo del homenaje de Estado. No fue una iniciativa acorde con la situación. Si por algo se caracteriza el PSOE, incluso el añorado «PSOE bueno», es por tenerle la medida tomada al pueblo español. A los suyos, por descontado —solo así se entiende el apoyo que aún reflejan las encuestas—, pero sobre todo a quienes ven en los socialistas uno de los mayores tumores que ha padecido y padece este país. Era previsible la reacción tanto de las familias de las víctimas como de buena parte de la ciudadanía, que ha vivido estos días con dolor y que reclamaba un funeral religioso, apelando al sentir católico y mayoritario de esta tierra, Andalucía, y de Huelva como provincia que ha sufrido el mayor número de pérdidas en el accidente.
La discusión al respecto, trasladada a los medios y a las redes sociales, se convirtió rápidamente en una nueva cortina de humo, sumada a las sucesivas teorías sobre las causas del siniestro señaladas por el ministro de Transportes. Y, por supuesto, todo lo publicado por la prensa y los medios al margen de los «canales oficiales» recomendados por Marlaska pasó a formar parte del fango y de la esfera de los bulos, según el criterio sectario del Gobierno y sus socios.
Ninguna empatía hacia las víctimas y sus familias: antes encender la mecha de la polémica con el funeral que atender, acompañar y depurar responsabilidades. Sánchez mide constantemente el entorno, las circunstancias y las iniciativas que aseguren su supervivencia a toda costa. Y si, por ejemplo, hay que regularizar a miles de inmigrantes ilegales, se hace.
Porque no existen en la medida los elevados principios a los que se apela, sino que, una vez más, se utiliza lo que sea necesario para que el foco no siga recayendo en una catástrofe ferroviaria marcada por el entorno corrupto y podrido que acompaña a este Gobierno desde 2018. Y sin negar, por supuesto, la dignidad que los inmigrantes tienen y merecen, conviene recordar que también importa la dignidad del pueblo español, de nuevo pisoteada con una medida tomada desde las orillas de la legalidad y no desde donde reside la soberanía popular, representada en el Parlamento. Con ello, el Gobierno gana unos días en su calculada estrategia de manipulación de la opinión pública, para la que cuenta con un número de medios pagados como nunca se ha visto hasta ahora.
Una estrategia llevada a cabo desde la pandemia —siguen echándole en cara los muertos a Ayuso, por cierto— mientras se enriquecían espuriamente con pelotazos varios y amiguetes cercanos, al tiempo que los españoles morían o se arruinaban.
La lista es larga y las hemerotecas lo recogen y lo seguirán haciendo en el futuro: todo el légamo y la podredumbre de un Gobierno y unos socios que no solo han encontrado su alianza en el afán de poder, sino en algo que comparten como principio común para sus objetivos: el mal. La maldad sin ambages, de la que se nutren la mentira, la manipulación, el sectarismo y la soberbia, y con la que tratan de huir de sus responsabilidades mediante pérfidas cortinas de humo.