Las borrascas han dejado en Andalucía un rastro de daños que exige rapidez, eficacia y recursos. Hasta ahí, no hay discusión. La urgencia justifica medidas excepcionales. Lo que ya admite más matices —y, sobre todo, exige un debate— es el modelo elegido para ejecutar esa reconstrucción.
El Gobierno ha optado por canalizar una parte sustancial de los fondos a través de encargos a medios propios, fundamentalmente Tragsa. Es una vía legal. Nadie discute eso. La Ley de Contratos del Sector Público contempla tanto la tramitación de emergencia como la utilización de estos instrumentos. Pero que algo sea legal no significa que sea neutro. Y, desde luego, no significa que sea inocuo.
Porque este modelo, aplicado de forma masiva, tiene efectos. El primero, evidente: expulsa del proceso a las empresas privadas, muchas de ellas andaluzas, que en condiciones normales concurrirían a estas obras mediante licitación pública. No es una hipótesis, es un hecho. Allí donde hay encargo directo, no hay concurso. Y donde no hay concurso, desaparece la competencia.
La consecuencia no es solo jurídica, sino económica. Menos licitación implica menos actividad para el sector, menos oportunidades y, previsiblemente, menos empleo. En un contexto en el que la obra pública ya venía mostrando signos de debilidad, desviar una parte relevante de la inversión hacia circuitos cerrados no parece una decisión menor.
Hay un segundo plano, más silencioso pero igual de relevante: el de los costes. Los medios propios operan con tarifas internas, sin el contraste que introduce el mercado. No se trata de cuestionar su capacidad técnica, sino de señalar una obviedad: sin competencia, no hay referencia real de precios. Y sin esa referencia, la eficiencia deja de ser verificable.
El problema de fondo no es la herramienta, sino su uso. Nadie discute que en una situación de emergencia la Administración deba actuar sin trabas. El problema es cuando lo coyuntural se convierte en modelo recurrente como advierten desde el propio sector. Y es ahí donde surgen las dudas. No tanto por lo ocurrido en un episodio concreto, sino por la tendencia que, según las organizaciones empresariales, se viene repitiendo en distintos contextos de emergencia.
Porque lo que se consolida no es solo una forma de ejecutar obras, sino una manera de entender la inversión pública: menos mercado, menos concurrencia, más gestión directa. Un esquema que puede resultar ágil en el corto plazo, pero que a medio y largo plazo debilita el tejido empresarial que, precisamente, debería sostener esa misma recuperación.
El sector de la construcción lleva años advirtiendo de esta deriva. No es una protesta aislada ni oportunista. Es la constatación de que, bajo el paraguas de la urgencia, se está configurando un circuito paralelo a la contratación pública ordinaria. Y, además, introduce un riesgo añadido: el del efecto contagio institucional. Si este modelo se normaliza en la Administración General del Estado, la tentación de reproducirlo en otras administraciones —también en el ámbito autonómico— es evidente.
Ahí reside una de las advertencias más relevantes del sector: evitar que la excepción se convierta en pauta y que la adjudicación directa masiva a medios propios termine extendiéndose como fórmula habitual. Porque entonces ya no estaríamos ante una respuesta extraordinaria, sino ante un cambio silencioso en las reglas del juego.
La reconstrucción no debería hacerse contra el mercado, sino con él. Porque la rapidez no está reñida con la competencia, ni la eficacia con la transparencia. Y porque, en última instancia, los fondos públicos no solo deben servir para reparar infraestructuras, sino también para sostener el tejido productivo que hace posible reconstruirlas.