Respetar la voluntad expresada en urnas ha sido, con demasiada frecuencia, un principio olvidado por la clase política española, abducida por esa tendencia de sus incondicionales dispuestos a respaldarlos, hagan lo que hagan, como si fueran hinchas de un club de fútbol, liberándolos de sus compromisos electorales y haciendo lo contrario de lo que prometieron.

Por tercera vez en poco tiempo, tras Extremadura y Aragón, los castellano leoneses han confirmado lo que, de forma reiterada, vienen anunciando los distintos institutos de opinión: que la mayoría social del país se inclina hacia postulados de derecha ante la experiencia gubernamental llevada a cabo, sin titubeos y frecuentemente de espaldas al parlamento, durante los últimos ocho años por el actual partido socialista y sus socios separatistas y de extrema izquierda.

El nuevo clima social demandante de un cambio constituye un reto para las opciones ubicadas a la derecha del PSOE, que obliga a ambas formaciones a no defraudar a esa mayoría que ha respaldado sus respectivos programas. Ello exige no confundirse de objetivos y tener la grandeza suficiente para alejarse de radicalismos que puedan fractura aún más la convivencia ciudadana. Hay que soldar heridas al mismo tiempo que deben afrontarse las necesarias reformas que, sin duda, han sido una de las exigencias más notables del electorado mayoritario español.

La obsesión por construir un muro que aislara al centro derecha ha saltado por los aires al engullir el sanchismo a toda la izquierda, lo que ha provocado el hartazgo social por las continuas medidas de tinte ideológico y la concesiones de privilegios ajenas a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. Los españoles se niegan a ser encajonados en compartimentos estancos, algo que debe ser correctamente interpretado por la mayoría social.

Construir puentes que derriben muros es tarea de buen gobernante. Y ello sin renunciar a los principios inspiradores de una política basada en la libertad, la igualdad, la justicia y el estado de derecho respetuoso con los derechos humanos. Un sectarismo como el que hemos padecido no puede, no debe, ser correspondido con otro de signo contrario. Eso sería igualar estilos y prostituir otra vez la acción política.

Si un partido en solitario consigue la mayoría absoluta para gobernar, aplicar su programa electoral es sencillamente lo obligado para cumplir con el contrato ofrecido a la ciudadanía. Cuando esa mayoría solo puede construirse pactando con otros, lo procedente es aplicar las partes de los programas de cada uno que sean compatibles o complementarios con los de los demás implicados en la gobernación. Y evidentemente el peso programático a ejecutar debe tener en cuenta el apoyo proporcional de cada uno.

La experiencia de una España hipotecada por algunos de sus principales enemigos debe pasar a ocupar uno de los tristes rincones de nuestra historia. Los partidos llamados al cambio deben de demostrar que los principios constitucionales de un estado de derecho se respetan en toda España. El populismo y el sectarismo deben de ser una triste pesadilla de la última experiencia política, y los partidos llamados a la nueva etapa deben inspirarse en el diálogo, el respeto, la moderación en las formas y la firmeza en los principios. Gobernar es gestionar; y gestionar es todo menos dar la espalda al parlamento y, por no tener presupuestos, disponer arbitrariamente del dinero público. Gestión, diálogo y principios, ese es el reto de quienes aspiran al demandado cambio político.