Cortinas de humo

Al sufrido ciudadano español le esperan días soportando la manía de esa clase política que, para eludir sus responsabilidades, lanza cortinas de humo que distraigan la atención popular incurriendo en su deporte favorito: restregarle al adversario esa admonición del «y tu más», pensando que basta con recordar irregularidades de los contrarios para eludir dar explicaciones de los desafueros de los propios.

Y los ciudadanos empiezan a estar cansados de que intenten tomarle el pelo: rindan cuentas todos ellos, cualquiera que sea su color, y no quieran eludirlas con el falaz argumento de que los otros también delinquen. Como está mandado, que todos los delincuentes purguen sus culpas donde corresponda cuando los tribunales culminen sus función de investigar y sancionar los hechos que se juzgan, tanto a diestra como a siniestra.

Conviene, no obstante, dejar claro que en las actividades políticas hay dos tipos de responsabilidad: uno el penal, que es competencia de los tribunales de Justicia, y otro previo, el puramente político, que debe depurarse en cuanto se detecta alguna irregularidad en el ejercicio de las competencias atribuidas al responsable público. Esta diferencia es tan esencial que, para entenderla, basta con recordar los reproches de Pedro Sánchez cuando reclamaba a Rajoy que dimitiera nada más saberse que cargos de su confianza iban a ser investigados por la Justicia, sin esperar a que se dictara sentencia.

La responsabilidad política del Gobierno de Rajoy está más que asumida a raíz de la moción de censura que Sánchez consiguió, a base de concesiones a filoterroristas y golpistas que han afectado a los cimientos del Estado de derecho y la convivencia pacífica de los ciudadanos. El precio de aquel apoyo se ha ido conociendo: entonces estaban en prisión los autores del «procés catalán» y centenares de etarras. Hoy no solo han ido saliendo unos y otros sino que, para seguir contando con su apoyo, el «Gobierno progresista» suprimió el delito de sedición, rebajó la malversación, indultó a los golpistas, liberó a condenados etarras y aprobó una amnistía en contra de compromisos solemnes cuya legitimidad constitucional es objeto de polémica. Esta claro que si Sánchez hubiera necesitado el apoyo de cualquier otra organización delictiva que tuviera amigos parlamentarios habría negociado con ella sin ningún tipo de reparos.

El Gobierno investido para acabar con la corrupción ha batido todos los récords de la rapidez en corromperse. Nada más entrar, mientras todos los españoles estaban encerrados y ciento treinta mil fallecían por una trágica pandemia, importantes cargos socialistas, que presumían de honradez, iban comerciando con tramas corruptas administrando el dinero público arbitrariamente y llevando una vida disoluta que dejaba en entredicho aquello de ser progresista y feminista por ser socialista.

La responsabilidad penal la investigarán los jueces que ya están, tanto para unos como para otros, empeñados en esa función. Pero la responsabilidad política de Sánchez está pendiente, pese a la magnitud de los escándalos que lo adornan: pagos en negro en su sede; prostitutas costeadas con nuestro dinero; rescates de aerolíneas irregulares; un hermano que vive en el palacio de la Moncloa, está domiciliado en Portugal y se le reserva un puesto de trabajo en Badajoz; una cátedra al servicio de quien no tiene título y que se instrumentaliza desde la residencia presidencial; mascarillas a precio de oro comercializadas para el enriquecimiento de unos pocos,…. y un largo etcétera que habría hecho saltar a cualquier gobierno en un país medianamente serio.

Mensajes cruzados entre Ábalos, entonces ministro de Transportes, y su entonces secretario de Estado Pedro Saura, dan idea de la magnitud del mangoneo emprendido por el sanchismo. Hablan de los ministerios de Hacienda (Montero) y Economía (Calviño y Cuerpo) como los verdaderos «imputados» en el rescate de Plus Ultra (53 millones de euros) que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Mientras parece que los de Abalos se comían el marrón, los verdaderos interesados «echaban balones fuera» y «se quitaban de enmedio», al tiempo que la Fiscalía suiza investiga la conexión en dicho rescate del amigo y cliente de Zapatero, Julio Martínez, para lavar dinero sucio proveniente de Venezuela.

Por muchas cortinas de humo que se pretendan, no conviene distraerse. Los responsables de delitos de toda índole, sobre todo si afectan al interés público, merecen el mayor repudio y deben ser condenados con el máximo rigor. Quien la haga que la pague. Y no se salgan por la tangente: los de la época de Rajoy, como los responsables de los Gal, Filesa y otras infracciones de la época felipista, pagaron sus culpas. Ahora le toca a los que abusaron de su cargo con Pedro Sánchez y al propio Sánchez como responsable político máximo. Y no enfanguen el terreno ni expandan cortinas de humo para ocultar la verdad de sus hechos irregulares.