Formaba parte de la estrategia, porque astucia no les falta. El grupo municipal socialista aguardaba a las puertas de las dependencias administrativas de Gran Capitán para acusar al gobierno municipal del PP de boicotear la puesta en marcha del real decreto de regularización de inmigrantes. Les faltó llamarlos fascistas aunque casi ni era necesario: es el recurso habitual del socialismo sanchista en los últimos años, donde cualquier discrepancia se etiqueta como fascismo y extrema derecha. Esa es su concepción de la democracia.
Sin embargo, lo cierto es que los ayuntamientos figuran entre los primeros perjudicados de esta «barra libre» que supone otro real decreto que, por supuesto, no ha pasado ni por el debate ni por el trámite parlamentario exigible en una democracia sólida. La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, lo resumía con claridad: «Planifican mal y el trabajo nos lo echan a nosotros». Resulta llamativo que, en este caso, el socialismo sí apueste por la externalización del servicio. Siempre hay amigos a los que atender y promocionar en el llamado tercer sector.
Como ya ocurrió con la Ley de eficiencia del Ministerio de Justicia, se legisla sin memoria económica ni planificación real. El objetivo es evidente: el rédito político inmediato. Mientras tanto, el coste se reparte. No solo lo asumen los ayuntamientos. Lo pagarán unos servicios públicos cada vez más tensionados; lo sufrirá la seguridad ciudadana cuando no se refuerzan los controles; impactará en la vivienda, presionada por una mayor demanda; y, en definitiva, se traducirá en un deterioro progresivo del Estado del bienestar.
Una invitación que no hemos cursado, pero que nos toca financiar. El colapso vivido esta semana en los ayuntamientos no es más que un anticipo de lo que puede venir. Y el verdadero coste recaerá sobre las próximas generaciones de españoles. Incluso para los nuevos.