El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para conformar el nuevo Gobierno andaluz marca el inicio de una etapa política distinta. No se trata únicamente de un pacto para garantizar una mayoría parlamentaria o asegurar la estabilidad de la legislatura. También puede representar el cierre de un ciclo, el de la denominada «vía andaluza» de Juanma Moreno, basada en un perfil de moderación que, con el paso de los años, ha podido ir alejando al Gobierno autonómico de algunos de los principios que tradicionalmente habían definido al centro-derecha.
Desde la izquierda el anuncio del acuerdo viene acompañado de un discurso catastrofista que anuncia un supuesto deterioro democrático, un retroceso en derechos fundamentales o una amenaza para las instituciones. La misma música coral que hemos sufrido cada vez que el centro derecha ha llegado al poder. Es un planteamiento que no compartimos, sobre todo porque quienes cuestionan el pacto no han dudado en entregar a toda una nación a verdaderos enemigos de la convivencia y el estado de derecho con su acuerdo en el gobierno de España.
Precisamente por ello, esta legislatura constituye también una oportunidad para Vox. La formación tendrá ahora la posibilidad de demostrar desde las responsabilidades de gobierno que puede ejercer una acción política seria, responsable y plenamente integrada en las reglas democráticas. Ya no bastarán los discursos de oposición ni la denuncia permanente. Será el momento de gestionar, asumir responsabilidades y rendir cuentas. Eso fortalece la democracia, porque permite que los ciudadanos juzguen a los partidos por sus resultados y no por las caricaturas que unos y otros construyen sobre sus adversarios.
Al mismo tiempo, tampoco sería honesto negar que este pacto supone un giro ideológico respecto a la legislatura anterior. El Partido Popular acepta incorporar a la acción de gobierno cuestiones que hasta ahora había relegado o abordado con excesiva cautela. No se trata de radicalizar la política andaluza, sino de recuperar debates que afectan directamente a la sociedad y que durante demasiado tiempo han quedado condicionados por el temor al coste mediático o a la crítica de la izquierda.
Uno de esos debates es el de la inmigración. Durante años ha resultado casi imposible plantear determinadas cuestiones sin ser inmediatamente descalificado. Sin embargo, distinguir entre una inmigración ordenada y una inmigración descontrolada, exigir eficacia en las políticas de integración o cuestionar la gestión de los recursos públicos destinados a este ámbito no convierte a nadie en enemigo de los derechos humanos. Al contrario, forma parte del debate legítimo que debe existir en cualquier democracia madura. Las políticas públicas, incluidas las relacionadas con la inmigración, deben poder evaluarse, corregirse y fiscalizarse sin que ello implique descalificaciones automáticas hacia quien discrepa.
Lo mismo puede decirse de otras políticas que durante años han generado estructuras administrativas, subvenciones y organismos cuya utilidad merece ser revisada. Un gobierno tiene no solo el derecho, sino también la obligación de analizar si cada euro de dinero público responde al interés general o si determinadas dinámicas han terminado consolidando privilegios difíciles de justificar ante los contribuyentes.
Eso no significa que el nuevo gobierno de Andalucía vaya a acertar en todas sus decisiones. Tampoco que toda revisión de políticas públicas vaya a ser necesariamente positiva. Pero sí supone recuperar un principio básico de cualquier democracia: ninguna política debe considerarse intocable ni inmune al debate por razones ideológicas.
En definitiva, el nuevo Gobierno andaluz inicia una etapa diferente. El Partido Popular abandona una estrategia que había priorizado el consenso incluso a costa de diluir parte de su identidad política y opta por un acuerdo que redefine el eje ideológico del Ejecutivo. Vox, por su parte, deja de ser únicamente un partido de oposición para asumir la responsabilidad que implica gobernar.
Ahora terminan los discursos y empiezan los hechos. Serán la gestión de la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, las infraestructuras, la seguridad, el agua o la prosperidad económica de Andalucía las que determinen si este acuerdo habrá merecido la pena. Porque, al final, los ciudadanos no votan para alimentar relatos políticos, sino para que sus gobiernos resuelvan problemas reales.