Los datos que ha hecho públicos ATA Andalucía esta semana permiten medir hasta qué punto se ha retorcido la relación entre la Administración y quienes trabajan por cuenta propia. Según la organización, los 602.442 autónomos andaluces dedican una media de 226 horas al año a atender trámites burocráticos y obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Son casi seis semanas de trabajo y, según los cálculos de ATA, suponen un coste de 2.042 millones de euros al año, unos 3.390 euros por autónomo. Tiempo y dinero que no se emplean en producir, vender, buscar clientes, mejorar un negocio o, sencillamente, descansar.
El problema no es que un empresario, grande o pequeño, tenga obligaciones. Por supuesto que debe tenerlas. Debe pagar impuestos, cumplir la legislación laboral, proteger a sus trabajadores y responder ante la Administración. El problema comienza cuando el cumplimiento de la norma se convierte en una actividad económica paralela. Y cuando, además, cada nueva preocupación del legislador termina convertida en otra obligación, otro registro, otro protocolo, otra declaración, otro documento y otra amenaza de sanción si algo se hace mal.
La paradoja resulta difícil de explicar. Nunca hemos dispuesto de más tecnología para simplificar la relación entre ciudadanos y administraciones y, sin embargo, la burocracia no deja de crecer. La digitalización prometía acabar con las carpetas, las ventanillas y el papeleo. En demasiadas ocasiones únicamente los ha trasladado a una pantalla. El autónomo sigue haciendo el trabajo, solo que ahora debe conocer plataformas, certificados, aplicaciones, plazos y procedimientos que cambian con demasiada frecuencia.
Y sobre esas mismas espaldas van cayendo nuevas cargas. El registro horario, los cambios en VeriFactu y las obligaciones relacionadas con residuos, prevención de riesgos laborales, responsabilidad social o protocolos internos se incorporan a una lista que parece no conocer el final. Algunas normas pueden responder a problemas reales y perseguir objetivos razonables. Lo absurdo es legislar como si detrás de cada pequeño negocio hubiera un departamento jurídico, otro de recursos humanos, un responsable de cumplimiento normativo y varios administrativos esperando instrucciones.
No los hay. Detrás de muchos negocios hay una sola persona. En otros, un autónomo y dos o tres trabajadores. Y cada hora que su propietario dedica a descifrar una nueva obligación es una hora que pierde su empresa. Si además tiene empleados, la carga se multiplica hasta el punto de que Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía, advierte de que algunos autónomos están optando por prescindir de trabajadores y continuar solos ante la creciente complejidad de la legislación. Si una normativa concebida teóricamente para mejorar las condiciones laborales termina desincentivando la contratación, alguien debería preguntarse qué está fallando.
La Junta de Andalucía ha aprobado sucesivas medidas de simplificación administrativa y ese esfuerzo merece reconocerse. Pero sirve de poco aligerar por un lado si Europa, el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos vuelven a cargar por otro. Para el autónomo es indiferente de qué boletín oficial procede la siguiente obligación. Al final, todas terminan sobre la misma mesa y todas pesan sobre las mismas espaldas.
El dato más revelador quizá sea otro: el 40,7 por ciento de los autónomos consultados por ATA considera prioritaria la reducción de la burocracia. No están reclamando privilegios ni quedar al margen de la ley. Piden poder trabajar sin que cumplir con la Administración consuma una parte creciente de su jornada y de sus ingresos.
España necesita autónomos que abran negocios, contraten, inviertan y creen riqueza. No especialistas involuntarios en legislación administrativa. Antes de imponer la próxima obligación sería conveniente que cada administración calculase también las horas y el dinero que costará cumplirla. Porque siempre resulta sencillo aprobar una nueva norma cuando el tiempo, el esfuerzo y la factura los pone otro.