La gestión de los «indeseables»

En febrero de 1939, el destino de la Segunda República Española se selló en las cumbres heladas de los Pirineos. La caída republicana provocó un éxodo sin precedentes de casi medio millón de personas que buscaban asilo en el país vecino. Sin embargo, la Tercera República Francesa, asfixiada por sus propias fracturas políticas y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, respondió con la lógica de la seguridad nacional y la razón de Estado. Los espacios que albergaron a estos refugiados no fueron simples campamentos de emergencia; las propias circulares oficiales del Gobierno francés los bautizaron con un término que marcaría el siglo XX: -camps de concentration-.

La respuesta francesa ante el aluvión humano se asentó sobre una base jurídica diseñada con premura. En 1938, el gobierno de Édouard Daladier promulgó una serie de decretos-ley destinados a regular la entrada de extranjeros en su mayoría provenientes de sus excolonias. Estas leyes, con posterioridad, introdujeron formalmente la categoría jurídica de «extranjero indeseable», otorgando al Estado la potestad de internar preventivamente a cualquier persona que se considerase un peligro para la seguridad nacional o la economía del país. Cuando la marea humana republicana española cruzó la frontera en el invierno de 1939, el ministro del Interior en ese momento, Albert Sarraut, no lo dudó y aplicó esta doctrina de inmediato. Bajo el prisma geopolítico de París, el exilio español era visto, no como un éxodo bélico, sino como un vector de inestabilidad política: Se temía la entrada masiva de individuos indeseables y otros agentes que pudieran desestabilizar la ya polarizada paz social francesa.

Para mantener un control estricto sobre la población confinada, el Estado francés optó por una estrategia de segregación y dispersión geográfica. El diseño de los primeros campos —como Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Le Barcarès— se ubicó estratégicamente en ciudades aisladas y arrinconadas, casi delimitadas de forma natural por el mar Mediterráneo.

Colapso sanitario y el impacto de la opinión pública francesa

El confinamiento de cientos de miles de personas transformó rápidamente los campos de la costa en auténticos focos epidemiológicos. La sarna, la disentería y, de manera más alarmante, el tifus, comenzaron a diezmar a los refugiados.

Este desastre de salud pública traspasó pronto las alambradas e impactó de lleno en el departamento de los Pirineos Orientales. La red hospitalaria local, con el hospital de Perpiñán a la cabeza, se vio completamente desbordada, obligando a la movilización de urgencia de personal médico francés y a la improvisación de lazaretos.

Lejos de despertar una solidaridad unánime, la crisis sanitaria catalizó el miedo de la opinión pública local que veían a los exiliados como una «amenaza biológica» para la población francesa. Asimismo, la parálisis de la actividad pesquera y la cancelación de la temporada turística en la costa del Rosellón generaron un hondo malestar económico en la burguesía regional, erosionando el apoyo social hacia los refugiados.

Sin embargo, los campos de concentración franceses no solo operaron como centros de internamiento, sino también como una sutil pero implacable herramienta de presión diplomática. Mientras miles de españoles malvivían en las playas, París negociaba contrarreloj el reconocimiento oficial del régimen del general Francisco Franco. El 25 de febrero de 1939 se firmaron los Acuerdos Bérard-Jordana. Mediante este pacto, la República Francesa, que había estado apoyando sin fisuras al gobierno republicano español, dio un golpe de timón y reconocía al gobierno de Burgos como el único legítimo de España a cambio de una promesa de neutralidad en caso de un conflicto europeo.

En este tablero, mientras tanto, las duras condiciones de vida en los campos de concentración franceses actuaron como un mecanismo de coacción indirecta para incentivar la «repatriación voluntaria». Al hacer insoportable la estancia en suelo francés, las autoridades empujaron a decenas de miles de refugiados a volver a una España donde les esperaba la represión, aliviando así la carga demográfica y financiera que pesaba sobre las arcas de París.

El chantaje geopolítico y la utilización de personas como armas en la guerra híbrida —a menudo descrita como «migración coercitiva»- fue una estrategia táctica donde un Estado induce, facilita o dirige deliberadamente flujos migratorios masivos hacia las fronteras de otro país con el fin de desestabilizarlo, presionar a sus gobiernos o conseguir concesiones políticas y económicas.

Ante estas similitudes y, como toda historia que está condenada a repetirse, surgen interrogantes, que hoy, perturban a la opinión pública y en especial, a los que viven en las dos ciudades autónomas españolas:

¿Tienen aquellos episodios históricos algún parecido con lo que está ocurriendo en Ceuta?

¿Todos los que han entrado en Ceuta son una masa de víctimas civiles necesitadas de asilo?

¿Se podrían convertir Ceuta y Melilla, en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes/invasores para negociar con Marruecos una posterior entrega o administración compartida de ambas como paso previo?

En el marco de estas negociaciones geopolíticas y, utilizando la presión migratoria, ¿Claudicarán el gobierno Español, y Europa, ante el afán expansionista de Marruecos en Ceuta y Melilla y con los ojos puestos en Canarias?

Ustedes mismos.