España paga la factura de la ignorancia económica de nuestros dirigentes
«Tenemos los mimbres para jugar en primera división y, sin embargo, seguimos discutiendo quién reparte mejor un pastel que crece demasiado despacio»
La curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben sobre aquello que imaginan que pueden diseñar.”
Hay una pregunta que deberíamos hacernos mucho más a menudo: ¿Cuánto nos cuesta que quienes toman las decisiones económicas no entiendan —o no quieran entender— cómo funciona la economía? El coste no aparece únicamente en el déficit o la deuda. Aparece en el salario que no crece, en el joven que no puede comprar una vivienda, en la empresa que decide no crecer, en el autónomo que abandona, en el trabajador que necesita dos empleos y en la pensión que mañana será más difícil de financiar. También en los impuestos que tendremos que pagar para sostener decisiones que hoy parecen gratuitas. Y lo más preocupante es que esto no tiene un color político concreto.
Da igual izquierda, derecha o centro. Unos pueden gestionar mejor que otros, gastar con más criterio o cometer menos errores, pero prácticamente ninguno se atreve a tocar la raíz del problema. Porque hacerlo exige decir cosas que no dan votos.
Los salarios no suben de manera sostenible porque lo diga una ley, sino porque aumenta la productividad. La vivienda no se abarata artificialmente limitando precios cuando existe escasez, sino aumentando la oferta donde la gente necesita vivir. Las pensiones no se hacen sostenibles prometiendo más, sino haciendo que las cuentas cuadren entre trabajadores, cotizaciones, productividad, empleo y jubilados. Un Estado eficiente no es el que más gasta, sino el que consigue más bienestar por cada euro gastado. Proteger al vulnerable es una obligación moral; mantener indefinidamente programas inútiles, burocracias redundantes o subvenciones sin evaluar sus resultados no lo es.
Para tener empresas grandes, competitivas y capaces de pagar mejores salarios, necesitamos menos obstáculos para crecer, invertir, innovar y contratar. Esto no es ideología. Es contabilidad. Sin embargo, hemos convertido la economía en una competición de eslóganes: más derechos, más ayudas, más gasto, más impuestos, más regulación. ¿Y quién lo paga? La respuesta siempre llega, aunque tarde. Lo paga el contribuyente, el trabajador con menor salario, el joven que no puede emanciparse, el empresario que deja de invertir y el pensionista cuando el sistema empieza a tensarse.
Y, sobre todo, lo pagarán quienes todavía no votan: nuestros hijos. También existe una responsabilidad ciudadana. Cada cuatro años elegimos entre promesas y prioridades y, durante demasiado tiempo, hemos premiado las primeras y penalizado las segundas. Es comprensible: el político que promete un beneficio inmediato tiene ventaja frente al que explica que una reforma dolorosa puede tardar diez años en producir resultados.
Pero así funciona el círculo: el ciudadano exige soluciones inmediatas, el político las promete, el gasto aumenta, el problema estructural permanece, llega la siguiente elección y se promete otra solución inmediata. Y vuelta a empezar. Mientras tanto, seguimos preguntándonos por qué España no alcanza todo su potencial. La respuesta quizá sea más sencilla de lo que queremos admitir.
España no carece de recursos. Carece de suficiente productividad. No carece de talento, sino de incentivos para convertirlo en riqueza. No carece de empresarios, sino de un entorno que permita a muchos crecer. Tampoco carece de dinero: carece de suficiente disciplina para decidir dónde produce realmente valor.
Tenemos empresas líderes, trabajadores cualificados, infraestructuras, universidades, turismo, industria, agricultura, energía y una posición geográfica extraordinaria. Tenemos los mimbres para jugar en primera división y, sin embargo, seguimos discutiendo quién reparte mejor un pastel que crece demasiado despacio.
Ese es el verdadero fracaso. No que gobierne uno u otro, sino que cambien los gobiernos y no cambien los problemas de fondo. Mientras la política premie el corto plazo, la economía seguirá pagando el largo plazo. Y mientras no exijamos a nuestros dirigentes algo más que buenas intenciones —conocimiento, productividad, eficiencia, sostenibilidad y resultados medibles— seguiremos confundiendo administrar la pobreza con gestionar la prosperidad. Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntar quién promete más y empezar a preguntar: ¿Quién sabe realmente cómo hacer que un país sea más rico? Porque un país no se empobrece de repente. Se empobrece decisión a decisión.