… Y el perro ladró con la aviesa intención de causar daño reputacional. Porque emitió el ladrido no como lo haría un perro fiel que avisa a su amo de algún peligro. Lo hizo como él presume, como un perro vagabundo, un perro sin amo, para hablar mal de alguien o llevarle la contraria con mala intención. «Eso, a Vivas. Pregúntale» soltó el dirigente asilvestrado para endosar a un digno representante de su pueblo responsabilidades que le conciernen a él. Porque si en Ceuta había aún mil niños abandonados y sin identificar, la obligación primera, competencia del Gobierno, es identificarlos y filiarlos. Luego, entonces sí, ponerlos a disposición de la autoridad local.

Esos ladridos mal intencionados no arredran al presidente ceutí, un pequeño pero gran hombre, que ha requerido al Gobierno para que, en 30 días, cumpla con su obligación ejecutando todos los expedientes de expulsión como paso previo para iniciar la vía contencioso administrativa contra un Gobierno que ha dejado indefensa a una parte de España por incompetencia y por cobardía, traicionando sus compromisos constitucionales.

El problema de la España actual es que, al estar dirigida por quien presume ser un perro sin amo, la manada entera está rabiosa. Y de ahí deriva la abacadabrante y repulsiva reacción en cadena de sus distintos miembros, arremetiendo contra todas las instituciones que garantizan y protegen al Estado de Derecho. Ceses infundados, agresiones verbales, imputaciones injuriosas y un sin fin de amenazas encubiertas están a la orden del día de un Gobierno y un partido en fase terminal de su empeño por acabar con lo más noble que nos dio la Transición: la concordia, la paz civil y el respeto al adversario.

Con razón dijo Salustio que con la concordia crece lo pequeño y con la discordia se arruina lo más grande. En esa ruina está empeñado el sanchismo, una organización sectaria que no tiene recato para injuriar, desde los despachos ministeriales, llamando lobos solitarios y salvapatrias a los jueces sin tener la valentía de presentar una querella contra aquel miembro de la carrera judicial que haya dado lugar a las actuaciones que motiven tales calificativos. Cuando se orquesta un ataque a la independencia del poder judicial con la virulencia actual, la voluntad dictatorial de sus protagonistas no ofrece dudas.

El asalto a Ceuta es de tal gravedad que solo un Gobierno de irresponsables pretende despacharlo con palabrería populista y disfrazadas dosis de atención humanitaria. La Unión Europea, con el voto en contra de la izquierda, ha sido clara en que se ha producido un ataque, mediante una guerra hibrida, a la frontera Sur europea, dejando clara y diáfana la españolidad de esta. La Comisión y el Parlamento europeos han reclamado que se aceleren las devoluciones, debiendo garantizar la seguridad de los ceutís, controlar y blindar las fronteras y reformar la legislación de inmigración en línea con los reglamentos europeos. En ningún caso deben enviarse a la península, advirtiendo la Unión Europea del efecto llamada que eso implicaría.

Para mayor vergüenza nacional, los eurodiputados socialistas se han quedado solos en su empeño de rechazar cualquier tipo de crítica a Rabat, llegando, en el colmo del servilismo y la claudicación a «elogiar los mecanismos de cooperación entre España y Marruecos». Varias preguntas están esperando respuesta de un presidente que reconoció un atentado a la integridad territorial y no puso en marcha los mecanismos de defensa de nuestra soberanía. ¿Cual es pues la razón por la que Sánchez sigue defendiendo la inocencia de Marruecos? ¿Por qué no pone en marcha todas las medidas económicas, administrativas, políticas, diplomáticas y de defensa para que el retorno se realice sin demora? ¿Por qué en su visita a Ceuta dijo que se había atentado contra la integridad territorial de España y al día siguiente sólo era una crisis humanitaria, agradeciendo a Marruecos su ignorada colaboración? El tiempo despejará estas incógnitas y la razón por la que, en último término, no se decretan medidas excepcionales ante una situación excepcional.

Pese a la tramposa descalificación de documentos oficiales, hoy nadie duda de que se tenia conocimiento sobrado de lo que se preparaba. La juez de la Audiencia Nacional que investiga la invasión ha reclamado las alertas previas que se produjeron y ha pedido datos biométricos de todo tipo y a todos cuantos puedan facilitarlos, incluido Google y Meta. Ha citado como testigos al delegado del Gobierno en Ceuta y al presidente de la comunidad autónoma. Veremos hasta donde se ponen de manifiesto las responsabilidades por dejación de funciones en la defensa de la soberanía territorial de España y hasta qué altos cargos escala. Si alguien ha traicionado a su país deberá asumir las consecuencias de tan repulsiva conducta.

La categoría política y humana no la dan la estatura ni el buen porte. Entre Sánchez y Vivas la distancia moral y de dignidad pública es inversamente proporcional a la talla de cada uno de ellos. Ladrar el primero para culpar al segundo acredita su escasa categoría moral. Arremeter contra la independencia judicial no va a liberar al sanchismo de sus atropellos contra la razón y la decencia. Ladrar es miserable y el ataque desaforado a los jueces puede ser la reacción desesperada de esa manada, liderada por un perro sin amo que comprobará, en su personalidad narcisista, la verdad de aquella sentencia de Quevedo cuando decía que «el que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en la vida».