Los otros indignados
«Para evitar ser robados y que además les llamen ladrones, cada día habrá menos viviendas en el mercado de alquiler»
En 2011, el movimiento del 15 de mayo supuso la explosión de un sentimiento social indignado ante una situación general de ruina económica, con recortes en las ayudas sociales y públicas, y con un paro laboral del 25 % y el de los jóvenes cercano al 50 %. De ese movimiento de base se aprovecharon algunos políticos de nuevo cuño que iban a conquistar el cielo pero fueron incapaces de consolidar el suelo. Algunos se enriquecieron y todos olvidaron pronto aquella promesa de no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional.
Hoy el paro afecta al 9,1 % de los mayores y al 23,8 % de los menores de 25 años, o sea, prácticamente menos de la mitad que en 2011. Pero hay un problema de vivienda que justifica una crítica rotunda y fundamentada hacia una clase política que, en ocho largos años de ejercicio del poder, ha laminado cualquier posibilidad razonable de facilitar una vivienda asequible a la mayoría de la clase trabajadora. Y por muchas vueltas que le quieran dar, todo ello es consecuencia de una falta de política de Estado por parte de quien gobierna sostenido por un conglomerado de fuerzas variopintas tan solo unidas por un rechazo a la derecha y por su afán de cobrarse los intereses por sostener al presidente que perdió las elecciones. Ello imposibilita a menudo compaginar los intereses de Sumar y Podemos con los de las burguesías vasca y catalana, tal como el revés en los decretos sobre la vivienda ha puesto de manifiesto.
Los logreros de siempre manipularán los sentimientos legítimos que subyacen ante una ausencia de política sobre la vivienda, lo cual no resulta especialmente difícil ante un Gobierno que anima a manifestarse contra él mismo, aprueba dos decretos para acometer el mismo problema, protagoniza dos ruedas de prensa de un Ejecutivo dividido, los presenta una ministra que se hace un cacao mental y resulta que ni siquiera tenía redactado el texto, o sea, que se presentaba lo que no existía. Hasta estos niveles de incompetencia y tomadura de pelo hemos llegado en España. Sin duda que, pase lo que pase en el futuro, del movimiento populista sobre la vivienda surgirán nuevos salvapatrias que alcanzarán para ellos un futuro esplendoroso, porque la demagogia siempre encuentra criaturas inocentes donde hacerse fuertes.
La indignación por la ausencia de una política social de vivienda está más que justificada. Cargar la responsabilidad de ello a quienes son legítimos propietarios de alguna vivienda es la salida fácil de gobernantes incapaces que tiran el dinero en otros menesteres y se comportan como faraones de una nueva era. Según el CIS, la vivienda es el principal problema para el 41,3 % de los españoles. Hace ocho años, al constituirse el «Gobierno progresista», apenas el 3 % de los españoles lo consideraba el primer problema. Basta oír las múltiples promesas del sanchismo sobre la vivienda, a lo largo de ocho años, para constatar la enorme distancia que separa a las palabras de los hechos cuando habla un demagogo.
Conviene no confundirse más de lo necesario: cuanto mayor sea la política intervencionista sobre el mercado de la vivienda, mayor será la crisis que se genere. La realidad que un Gobierno sin presupuestos pretende que olvidemos es que durante sus años de mandato la población se ha incrementado en tres millones de personas, con un déficit de unas 750.000 viviendas y en vez de liberalizar suelo y construir viviendas sociales se pretende hacer a los propietarios responsables de la falta de viviendas asequibles, cargando sobre ellos el peso que corresponde al Estado.
La función social de los impuestos en un Estado moderno es doble: por una parte, los impuestos son el instrumento para redistribuir la riqueza. Por otra, el contribuyente debe ser protegido por el Estado, a cambio de la carga impositiva que soporta. Si el Estado no protege la propiedad, los indignados pasarán a ser los propietarios indefensos. Y eso también está ocurriendo en España.
La coalición progresista que nos gobierna ha batido todos los récords negativos en promover vivienda pública, que es la verdadera política social en la materia. En la España sanchista apenas se construye el 1,8 % de vivienda pública, muy lejos de la media europea, donde se llega al 30 % en Países Bajos. Cargar la política social al contribuyente y atacar a los rentistas es el primer paso hacia modelos de rancio comunismo cuyo fracaso a medio y largo plazo no ofrece hoy ninguna duda.
Según el Banco de España, más del 92 % de los pisos en alquiler son de propietarios particulares. Y estos propietarios, como nuevos indignados por ser el objetivo de la turba demagógica, recordarán aquellas palabras del dramaturgo barcelonés Santiago Rusiñol: «Si es verdad, como aseguran, que la propiedad es un robo, el día que todo sea de todos, todos seremos ladrones». O sea que para evitar ser robados y que además les llamen ladrones, cada día habrá menos viviendas en el mercado de alquiler. Es la legítima defensa de los propietarios indignados ante un Gobierno de manirrotos, incapaz de gestionar el dinero público construyendo viviendas sociales, mientras, en su política frentista, pretende trasladar a particulares ahorradores su negligente y arbitraria política social.