La Real Academia de la Lengua define el término mezquino en su segunda acepción como falto de generosidad y nobleza de espíritu. La definición se queda corta para calificar la estrambótica huelga general que han convocado los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, para el 11 de noviembre. Apenas a dos días de que arranque la campaña electoral para la cita con las urnas del día 29.

Los sindicatos hace lustros que perdieron el pie de la calle, algo que se comprueba cada año con las manifestaciones del 1 de mayo y en su menguante cifra de afiliados. Hace demasiado tiempo que viven sujetos al engorde que le suponen las copiosas subvenciones que reciben. Nada queda de aquellos sindicatos que a finales de los 80 pusieron a Felipe González contra la pared liderados por Nicolás Redondo y Marcelino Camacho. A buen seguro ambos deben estar revolviéndose en sus tumbas viendo cómo sus sustitutos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, prostituyen las siglas de dos organizaciones que han luchado durante décadas, primero por la llegada de la democracia, y, después, por un empleo digno y por una vida en condiciones para los trabajadores.

La convocatoria de esta huelga general, cuyos motivos merecerían apoyo y respaldo en otras circunstancias, no responde, sin embargo, al problema de la vivienda o a los bajísimos salarios que sufre gran parte de los trabajadores de este país. El paro no tiene más justificación que hacer campaña electoral contra la oposición, tal y como la nunca bien ponderada Marichus Montero dijo hace unos días. (Alguien le debería decir a esta mujer que el silencio es una virtud que oculta la estulticia).

Los sindicatos están para defender a los trabajadores, que han perdido capacidad adquisitiva en los últimos ocho años y han tenido enormes problemas para encontrar piso mientras los jerarcas sindicales se llenaban el buche con fondos públicos mirando hacia otra parte. En estas dos legislaturas, en CCOO y UGT se han dedicado a estirarle la chaqueta a Pedro Sánchez y tocarle las palmas a esa inanidad con piernas que es Yolanda Díaz. Mientras los médicos salían a la calle o los profesores se manifestaban por la educación, los líderes de los sindicatos tocaban la moqueta felices y lustrosos sin querer saber nada ni de los 400.000 pisos que habían desaparecido del mercado del alquiler y ni de las decenas de miles de desahucios que se han sucedido en estos años.

Quizás por ello, mientras los sindicatos de clase son cada vez menos representativos asistimos al auge de organizaciones profesionales como CSIF, SATSE, SAE, etc… que sí que saben lo que defienden y se han plantado ante una maniobra burda hasta el extremo y que no es más que una actitud vergonzosa, genuflexa, seguidista y correveidile.

Cómo decía antes, si Nicolás Redondo y Marcelino Camacho levantasen la cabeza posiblemente correrían a gorrazos a los que le hacen el caldo gordo a un Gobierno responsable sin ningún lugar a dudas de la situación inmobiliaria en este país. Si querían denunciar la situación de la vivienda o de los salarios han tenido ocho años para hacerlo y, con total seguridad, tendrán muchos más después de las elecciones. Prostituir la lucha sindical de esta manera es indigno y vil. Pretender que una huelga general en estos momentos responde a una demanda ciudadana es insultar a la inteligencia y practicar una demagogia ofensiva. Quizás deberían mirar a los médicos, que han aplazado sus paros precisamente por el proceso electoral. Unos respetan la democracia y otros juegan a torearla.