La vacuna de la dignidad
«El actual modelo de cogobernanza sanitaria en España es incapaz de garantizar la igualdad más elemental»
Como todos los años la Junta de Andalucía ha actualizado su calendario de vacunaciones e inmunizaciones, (se puede consultar en https://www.andavac.es/) para ello ha invertido 150 millones de euros en tratar de conseguir que los andaluces estén más protegidos contra infecciones comunitarias desde que nacen hasta la vejez eliminando de esta forma, en algunos casos, gastos importantes para los bolsillos de las familias y simplificando los plazos para no dejar desprotegido a ningún grupo de edad.
Hasta aquí todo muy bien, pero vivimos en la era de una paradoja médica intolerable. Disponemos de la tecnología sanitaria más avanzada de la historia de la humanidad, capaz de diseñar inmunizaciones de alta precisión en tiempo récord y, sin embargo, permitimos que avance una epidemia invisible pero feroz: la de la desinformación sanitaria consentida y la amnesia histórica.
Hemos olvidado el horror de las salas de polio del siglo pasado, el zarpazo de la viruela y el miedo atávico a enterrar a un hijo por una difteria o a un abuelo por gripe o Covid-19. Esa cobarde desmemoria colectiva es, precisamente, el caldo de cultivo que engorda a un movimiento antivacunas que ha dejado de ser una anécdota marginal para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional.
No nos engañemos ni compremos sus falsos marcos discursivos: no estamos ante un debate científico ni ante una legítima discrepancia intelectual —la ciencia dictó sentencia firme hace décadas—. Estamos ante una guerra psicológica y mediática en toda regla en el tablero de las redes sociales. Los activistas antivacunas han aprendido a colonizar el algoritmo digital sustituyendo los datos por relatos emocionales fraudulentos y camuflando el egoísmo más insolidario bajo el atractivo eslogan de la «libertad individual». Su éxito no radica en convencer con razones, sino en inocular una neblina de duda en los indecisos, dinamitando deliberadamente la confianza pública en el sistema sanitario para alimentar sus propios negocios de pseudociencia y suplementos milagro.
La verdadera trinchera frente a estos charlatanes no se construye implorando moderación a los gigantes de Silicon Valley, sino inundando las redes de certezas con una ofensiva digital agresiva. Es hora de aplaudir y replicar el paso al frente de nuestros sanitarios: los «influencers de bata blanca» y otros colectivos sanitarios que demuestran como la evidencia científica debe defenderse con uñas y dientes en las mismas pantallas donde los conspiranoicos pretenden sembrar el caos.
Sin embargo, para exigir responsabilidad a la ciudadanía, el Estado debe mirarse al espejo y corregir una disfunción flagrante. El actual modelo de cogobernanza sanitaria en España es incapaz de garantizar la igualdad más elemental. Que el Consejo Interterritorial apruebe un simple «calendario de mínimos» ha convertido el mapa autonómico en un intolerable reino de taifas sanitarias. Es una vergüenza institucional que el código postal o la comunidad autónoma donde nace un niño determine su grado de protección frente a una infección o un virus agresivo. Dado que las competencias en salud pública están transferidas a las comunidades autónomas, significa que cada gobierno regional tiene la libertad de ampliar coberturas, adelantar dosis o incorporar nuevas vacunas financiadas antes que el resto. La descentralización no puede ser la coartada para la desigualdad; mantener 19 calendarios de vacunación distintos en función de las prioridades políticas de turno es un fallo del sistema que exige una centralización inmediata y obligatoria de los máximos estándares de inmunización.
La vacunación jamás ha sido una opción de estilo de vida ni un asunto puramente individual. Decidir no vacunarse, cuando no hay una causa médica real, no es ejercer un derecho; es un acto de sabotaje social. Es retirar unilateralmente un ladrillo del muro que nos protege a todos, dejando desamparados a los enfermos oncológicos, a los bebés lactantes y a nuestros mayores.
La inmunidad de grupo es el contrato social definitivo, un pacto de solidaridad que no puede quedar a merced ni de algoritmos manipulados ni de la parsimonia presupuestaria de un gobierno regional. Frente a los virus del fanatismo y la inacción política, la verdad científica y la equidad nacional deben imponerse por ley. No es una opción de debate: es una obligación de supervivencia.
