Cerramos la semana en Córdoba con un pleno extraordinario sobre vivienda que no ha aportado nada significativamente nuevo, pero que le ha servido a la izquierda para escenificar su máxima preocupación —ahora— y principal idea fuerza de la campaña electoral en la que ya estamos inmersos.
Los cordobeses, como el resto de españoles, deben soportar estos días demasiados discursos que llegan demasiado tarde y cuya falta de honestidad se nota demasiado.
Porque tras las salvíficas propuestas y los gestos airados de los ángeles laicos de la justicia social y del reparto equitativo se adivina el modo de vida de una casta política muy pendiente de sus privilegios y de su endogamia, que de pronto se golpea el pecho porque toca y porque a algunos se les acaba la ubre pública y el cargo bien remunerado. Apelan al derecho a la vivienda y, en el mismo saco —sobre todo en lo que toca a las pensiones—, advierten de la retirada de unos derechos que, al parecer, ellos han concedido graciosamente a la ciudadanía. Y ahora pueden venir los malos a quitárselos.
En el caso de la vivienda, el discurso de los derechos es uno de los favoritos de estos tunantes, que saben que, de facto, un derecho no vale nada si no se puede ejercer. Ocurre no solo con el acceso a un hogar, sino también con la posibilidad de formarlo. Esa es precisamente la condena de la juventud española: no poder permitirse un proyecto de vida pese a contar con todos los derechos (y más) que el Gobierno ‘de progreso’ dice haberle otorgado.
Parafraseando el Evangelio —«¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?»—, cabría preguntarse de qué le sirven a un joven todos esos derechos si no puede construir su vida. Pueden celebrarse cuantos plenos extraordinarios sobre vivienda solicite la corrupta izquierda, pero nada cambiará mientras ese derecho siga siendo papel mojado porque, sencillamente, todo lo demás es hoy una utopía para los jóvenes y la clase media española.
