Al Ayuntamiento no le han sentado nada bien los datos de renta que ha publicado esta semana el INE. Cinco barrios de la capital cordobesa vuelven a figurar entre los más pobres de España y, aunque han mejorado en los últimos años, siguen estando entre las zonas más deprimidas del país.

El gobierno municipal ha intentado relativizar el asunto y ver el vaso medio lleno, y hay datos que se lo permiten. La renta media por persona creció en Córdoba un 7% en el último año, hasta los 14.947 euros, por encima de Andalucía y del conjunto de España, y los indicadores de desigualdad han mejorado. Bellido ha defendido además los programas de inserción sociolaboral y ha recordado que el empleo es la mejor herramienta contra la desigualdad. Pero el propio alcalde admite que a algunos barrios les cuesta recortar la brecha, y ahí la mejora general de la ciudad no basta.

Algo falla, aunque es evidente que no todo depende de la política municipal. Si algo ha marcado los mandatos de Bellido es el empeño en convertir la capital en un polo de inversión, con la futura base logística del Ejército de Tierra como gran horizonte y todo lo que puede traer consigo. A ello se suma un turismo en auge que obliga ya a tomar medidas para no repetir los problemas que sufren otras ciudades y para preservar el patrimonio que sostiene buena parte de ese atractivo.

Dicho esto, conviene predicar con el ejemplo. Si al alcalde le preocupan las rentas de los barrios más deprimidos y se muestra moderadamente optimista sobre su evolución, haría bien en poner orden en los pagos de la casa que dirige. La oposición ha insistido una semana más, y no sin razón, en que los retrasos en el pago a proveedores están asfixiando a pequeñas y medianas empresas de la capital o, cuando menos, causándoles un gravísimo quebranto.

El problema, además, desborda el ámbito local, porque alcanza también a empresas de ámbito nacional. Y no es el único frente abierto: hay pagos pendientes a policías locales, a artistas de esa gran agenda cultural tan difundida en Instagram, y funcionarios que todavía no han cobrado sus premios de jubilación. Son obligaciones que el Ayuntamiento tiene que atender, y cada retraso lo pagan quienes esperan su dinero.

Quien no tiene un mínimo de orden y seriedad para pagar lo que debe difícilmente puede presentarse como buen gestor del crecimiento económico de una ciudad.