La dimisión deconstruida

Si hubiera un índice o marcador capaz de determinar cuan lleno debe de estar el recipiente para concluir en una dimisión, observamos que desde la de Maxim Huerta en 2018 a la de Óscar Puente en 2026 han variado notablemente las cantidades. En aquellas fechas, una infracción tributaria -por pagar mediante una sociedad el impuesto de sociedades en lugar del IRPF- fue suficiente para que el presentador televisivo se convirtiera en el ministro más breve de la democracia. Ni una semana estuvo en el cargo. En el presente, dos trágicos accidentes de tren sumados a una red ferroviaria en decadencia, apenas han conseguido la renuncia del antiguo alcalde de Valladolid. ¿Qué ha sucedido en tan sólo ocho años para que el abandono de un puesto público por razones de peso pase a ser algo casi insólito? (Recordemos también el reciente caso de Carlos Mazón).

El llamado contrato social, verdaderamente maltrecho ya desde los años 70 con el terrorismo incipiente y constante, el asesinato de Carrero Blanco y las influencias de la revolución sexual y mayo del 68, quedó aún más resquebrajado con el autogolpe de Estado del 81 y la corrupción sistémica del PSOE de González. No obstante, sobrevivió con sus grietas y parcheado incluso al desgobierno de Zapatero o la inanidad connivente de Rajoy. El cambio se produjo durante los gobiernos de Sánchez por cuatro motivos fundamentales.

El primero, y más importante, la posibilidad de que los terroristas y sus aliados llegasen a las instituciones, línea que parecía roja para cualquiera. Traspasada ésta, supuso cruzar una frontera tenebrosa tras la que conceptos como honradez, vergüenza o integridad quedaban definitivamente sepultados, fuera del tablero de juego democrático, o quizá siendo la consecuencia lógica del sistema. La complicidad con el peculiar golpe de Estado catalán y que se produjese sin apenas consecuencias, una vez «perdonado», condujo, como segundo elemento, al tercero: el asalto al poder judicial, algo que venía de largo y fruto de los dos partidos turnistas, pero que tiene aquí su aceleración definitiva. Por último, los medios de comunicación más poderosos, incapaces ya de mantenerse por sí mismos, se rinden a la publicidad institucional y por tanto renuncian a los últimos rescoldos que quedaban de, al menos, una mínima objetividad y relativa independencia.

El escalón que la sociedad española ha bajado durante los dos últimos mandatos del PSOE ha sido mucho más grande, incomparablemente, sí, pero sería de ingenuos considerar que es debido a algo mal llamado «sanchismo», cuya simple denominación denota la incapacidad o negativa de mirar en retrospectiva y juzgar con neutralidad a los muchos implicados de cualquier ideología en el estado de las cosas, pues precisamente en las ideologías y la estructura que las sustenta está el problema.

En tales circunstancias, la solicitud de dimisión a Puente entraba ya en ese terreno de la superficialidad y la inconsecuencia en el que unos y otros, de acuerdo siempre en lo esencial y con diferencias en lo accesorio, nos han acostumbrado en una España carente de contrapoderes y con una clase política desgraciadamente y en gran medida reflejo de su población. O si se prefiere, del tipo humano medio generado por la democracia liberal atea, más bien antiteísta... antiteísta anti-católica, en concreto.

Se trata por tanto, en estas circunstancias y a estas alturas, de una dimisión casi anecdótica, que sirve como mera distracción o divertimento, inane y carente de valor, al no estar en absoluto sujeta a los parámetros políticos, sociales y antropológicos que debían sustentarla. En ese sentido, se podría hablar de dimisión deconstruida, una dimisión que es a la dignidad lo mismo que el arte contemporáneo al arte o el menú degustación de un tres estrellas Michelín a la comida: una magna impostura en este teatro cuya función dura ya más de medio siglo.

Y así, la retirada de Óscar Puente es la de un síntoma, la del último síntoma de una enfermedad crónica, grave y duradera, jamás la de una causa.