El derecho a resistir

Siempre me ha inquietado una paradoja de la historia política moderna: algunos poderes que nacieron proclamando la libertad terminaron persiguiendo a quienes se resistían a ellos. Y algunos regímenes que decían actuar en nombre del pueblo acabaron tratando a una parte de ese mismo pueblo como un enemigo al que había que eliminar. Los totalitarismos del siglo XX llevaron esta contradicción hasta sus últimas consecuencias, aunque sus antecedentes son bastante anteriores.

Una frase situada por Reynald Secher al comienzo de Le Génocide franco-français. La Vendée-Vengé resulta especialmente perturbadora: «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada parte del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes». No pertenece a un reaccionario. Es el artículo 35 de la Declaración de Derechos que precedía a la Constitución francesa de 1793.

La formulación es rotunda, pero a mí me interesa especialmente la pregunta que deja abierta: ¿qué sucede cuando el mismo poder que reconoce el derecho de resistencia declara enemigos a determinados ciudadanos y responde a su protesta con el terror?

La cuestión atraviesa el estudio de Secher sobre la Vendée. Su tesis, conviene precisarlo, ha sido objeto de una importante controversia historiográfica, particularmente por la utilización del concepto jurídico e histórico de «genocidio». Pero, más allá de esa discusión terminológica, la documentación que estudia permite plantear una cuestión de alcance mucho mayor: ¿hasta dónde alcanza la obligación de obedecer al Estado?

La Vendée no aparece inicialmente como una realidad política homogénea. Secher describe unas setecientas parroquias pertenecientes a provincias y departamentos diferentes, sin una historia común ni idénticas estructuras económicas. La rebelión tampoco puede explicarse mediante una causa única. En la propia obra se insiste en un conjunto acumulativo de razones y en un proceso de desengaño que conduce finalmente a la revuelta y al «rechazo de lo inaceptable».

Esta distinción me parece decisiva para la filosofía del Derecho: legalidad y legitimidad no son necesariamente lo mismo. Debemos respetar la ley, pero no confundir el origen formal de una decisión con su justicia. Que algo haya sido ordenado por la autoridad no basta, por sí solo, para hacerlo justo.

La tradición del derecho de resistencia nace de esta evidencia. Si el poder político existe para proteger un orden de convivencia y los derechos fundamentales de las personas, cabe preguntarse qué sucede cuando se vuelve sistemáticamente contra ellos. No toda injusticia legitima una insurrección; de aceptarse tal principio, el Derecho desaparecería bajo una permanente subjetivización de la justicia. Pero tampoco puede defenderse una obediencia absoluta y ciega que convierta cualquier mandato estatal en obligatorio por el mero hecho de haber sido promulgado.

Los grandes totalitarismos del siglo XX mostraron adónde puede conducir esa segunda posibilidad. Antes de matar físicamente a sus víctimas, el poder totalitario necesita realizar una operación intelectual: dejar de contemplarlas como personas concretas. El vecino se transforma en «enemigo», «traidor», «contrarrevolucionario», miembro de una casta, raza indeseable o representante de una clase que debe desaparecer. La víctima deja de tener nombre para adquirir una categoría.

Algo de ese mecanismo aparece ya dramáticamente en el vocabulario estudiado por Secher. El decreto de la Convención de 1 de agosto de 1793 dispuso el envío de materiales combustibles para incendiar bosques, talar zonas forestales y destruir los lugares utilizados por los rebeldes. Más tarde, según la documentación recogida por el autor, llegaron a considerarse distintos procedimientos para destruir la resistencia y finalmente se recurrió a las llamadas «columnas infernales».

Aquí conviene detenerse. No se trata solo de derrotar a un adversario, sino de destruir el mundo humano y social al que pertenece. Cuando se cruza esa línea, el poder ya no combate únicamente una rebelión: pretende borrar las condiciones mismas de su existencia.

Ésta es precisamente la frontera que separa la represión —por terrible que pueda ser— de la lógica exterminadora. Y es también el punto en el que el debate sobre la Vendée adquiere interés más allá de la Revolución francesa. Jean Meyer señala en el prólogo del libro que las columnas no distinguieron siempre entre insurgentes y republicanos y recuerda que las cifras manejadas por Secher engloban muertos de ambos campos; advierte, además, de que ninguna parte posee el monopolio de la crueldad en una guerra civil. Esta precisión es importante porque la memoria histórica pierde su función moral cuando se convierte simplemente en instrumento para santificar a unos y demonizar a otros.

Los genocidios de los regímenes totalitarios nos enseñaron justamente eso: el crimen político comienza mucho antes del asesinato. Comienza cuando la ideología se sitúa por encima de la persona; cuando el discrepante deja de ser alguien con quien convivir y pasa a ser alguien que debe desaparecer; cuando el Estado deja de estar limitado por el Derecho porque se considera depositario exclusivo de la verdad histórica. Entonces la resistencia deja de ser únicamente una cuestión política para convertirse en un problema moral y jurídico.

Pero resistir no significa necesariamente empuñar las armas. Existe la resistencia de quien se niega a ejecutar una orden criminal; la del juez que no convierte la ley injusta en coartada; la del funcionario que se niega a participar en una persecución o a ejecutar una orden manifiestamente ilegal; la del periodista que cuenta aquello que el poder quiere ocultar; la del ciudadano que protege al perseguido; la del profesor que continúa enseñando la verdad cuando resulta incómoda. Frente al totalitarismo, muchas veces el primer acto de resistencia consiste sencillamente en decir no.

Hay además otra resistencia que sólo puede producirse después: la resistencia contra el olvido. Meyer formula en el prólogo una exigencia elemental para el historiador: contar también aquello que incomoda y no justificar los crímenes por la finalidad política que pretendidamente perseguían. El éxito histórico de una revolución, de una ideología o de un régimen nunca puede absolver retrospectivamente sus crímenes.

Y por eso el derecho de resistencia constituye, en último término, la frontera extrema de la libertad: aquella que recuerda que el hombre no pertenece al Estado, sino que el Estado está al servicio del hombre. Cuando un poder olvida esa verdad y pretende ocupar por entero la conciencia, la libertad y finalmente la vida de sus ciudadanos, resistir puede dejar de ser una rebelión contra el Derecho para convertirse, paradójicamente, en la última manera de defenderlo.

A mi juicio, ahí reside la enseñanza que más nos interpela hoy. Ninguna causa política, por noble que se presente, puede convertir a una persona en material sacrificable. Ninguna mayoría transforma lo falso en verdadero ni lo injusto en justo. Y ningún Estado, por llamarse democrático, revolucionario o popular, adquiere un poder ilimitado sobre la conciencia y la vida de sus ciudadanos. El Derecho está también para recordarle sus límites.