La Diputación de Córdoba defiende la subida de tarifas del agua y la basura como única vía para mantener el equilibrio de las empresas públicas

El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba ha defendido este jueves que las subidas de tarifas previstas para Emproacsa y Epremasa son «necesarias, proporcionadas y ajustadas a la ley». Así lo han explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, y el vicepresidente primero, Andrés Lorite, quienes han comparecido juntos para detallar los informes económico-financieros de ambas empresas y justificar el incremento de precios como «la única manera de evitar que trabajen a pérdida y garantizar su viabilidad sin poner en riesgo el empleo».

Fuentes ha recordado que el aumento en la factura del agua se limitará al IPC acumulado de 2024 y 2025, un 5,37 %, lo que equivaldrá a unos 2,78 euros más al mes para una familia media. Según explicó, «una empresa pública no puede gestionar a pérdida de forma consciente», y recordó que Emproacsa arrastraba una quiebra técnica en 2023 con una deuda de 14,4 millones. Desde entonces, la Diputación ha inyectado 59,3 millones de euros (22,3 en funcionamiento y 37 en inversiones) para reflotar la sociedad, pero —subrayó— «eso no se puede hacer todos los años».

«Si no aplicamos el IPC acumulado, en 2026 acumularíamos unas pérdidas de 10 millones de euros y entraríamos en quiebra. No se trata de una decisión política, sino de una necesidad contable y legal», ha advertido Fuentes. En caso contrario, añadió, habría que aplicar planes de saneamiento o incluso privatizaciones, lo que implicaría un impacto directo sobre el empleo.

Epremasa: del 44 % inicial al 17,5 % final

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Epremasa, Andrés Lorite, ha explicado que la sociedad mercantil de residuos se encontraba también «al borde de la quiebra» en 2023, con 7 millones de euros de pérdidas, un convenio laboral caducado desde hacía diez años y compromisos con varios ayuntamientos incumplidos.

El informe económico-financiero planteaba inicialmente un incremento tarifario del 44 % para cumplir la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a implantar el quinto contenedor de bioresiduos y asumir el impuesto estatal al vertedero. «Cumplir la ley cuesta dinero: más rutas, más camiones, más contenedores y más personal», ha resumido Lorite.

Tras un ajuste interno y una subvención extraordinaria de 2 millones de euros aportada por la Diputación, el incremento se ha reducido finalmente al 17,5 %, equivalente también a unos dos euros al mes por vivienda. «Se trata de salvar una empresa pública, de cumplir la ley y de garantizar justicia salarial entre los trabajadores», ha señalado.

Responsabilidad política y consecuencias

Ambos dirigentes han insistido en que las medidas responden a la necesidad de evitar la quiebra de dos servicios esenciales: el abastecimiento de agua y la recogida de residuos en la provincia.

Fuentes ha advertido que si la oposición —que mantiene mayoría en las comisiones informativas— bloquea la aprobación de las tarifas, las consecuencias «serán responsabilidad de quienes no apoyen una medida que es de sentido común». «Somos conscientes de que entramos en época electoral y eso condiciona muchas posturas, pero los datos contables son los que son», apuntó.

De no aprobarse las ordenanzas antes del 1 de enero, añadió, las empresas podrían verse obligadas a afrontar planes de saneamiento con costes laborales, pérdida de tesorería, dependencia del crédito e impacto en la calidad del servicio. «Ni el agua ni la basura pueden ir a pérdida. No es un debate político, es una cuestión de gestión responsable», ha concluido Fuentes.