Visita de Vox a La Carlota

Vox Córdoba denuncia un «caso sangrante» de okupación en La Carlota

José Ramírez afirma que «el Gobierno está atendiendo a las personas denominadas vulnerables con recursos de particulares»

Vox ha denunciado este martes en La Carlota «un nuevo y sangrante caso de okupación de vivienda que está dejando sin recursos básicos a una familia que depende del alquiler de su propiedad para poder hacer frente a gastos esenciales».

El diputado nacional de Vox por Córdoba, Pepe Ramírez, ha señalado que se trata de «un caso particularmente sangrante», en el que una persona okupa está privando a los propietarios de sus medios de vida, mientras las administraciones miran hacia otro lado. «El Gobierno está atendiendo a las personas denominadas vulnerables con recursos de particulares, en lugar de hacerlo con recursos propios», ha denunciado.

Ramírez ha criticado duramente la reciente prórroga pactada por Pedro Sánchez con Bildu que impide los desahucios, asegurando que «este Gobierno atenta siempre contra los intereses de los españoles decentes y honrados y apoya sistemáticamente a los sinvergüenzas». En este sentido, ha advertido de que la familia afectada ni siquiera se atreve a aparecer públicamente «por miedo a la violencia que puede desatarse contra ellos».

«El Estado debe respaldar de manera urgente a los españoles honrados y decentes, y dejar de dedicar todos los recursos a proteger a quienes viven del abuso, del engaño y del robo», ha afirmado el diputado de Vox, recordando que la okupación es «una lacra social alimentada por mafias que operan con total impunidad».

Una moción en el Pleno

Desde Vox han subrayado que una localidad como La Carlota «veía la okupación como un problema lejano, pero que hoy ya es una realidad que están sufriendo sus vecinos en primera persona».

Por su parte, el grupo municipal de Vox en La Carlota ha anunciado que presentará una moción en el próximo Pleno con una batería de medidas destinadas a paliar la situación de los propietarios afectados y a defender la propiedad privada. Esta formación reclama además que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de la Nación asuman de una vez sus competencias en materia de vivienda y seguridad jurídica.