El «clinicazo»: ¿por qué cierran de golpe tantos establecimientos de salud o estética en Córdoba?

en los últimos años, el cierre inesperado de clínicas relacionadas con el sector de la salud y estética, ha generado una serie de situaciones similares que dejan desprotegidos a los trabajadores y sin su dinero a las personas que lo adelantaron para recibir determinados tratamientos. Es un fenómeno conocido desde hace tiempo y que tuvo en Córdoba diversos precursores, sobre todo del ámbito dental, como Dental Line, en el año 2009, o Vitaldent en el 2014. Desde entonces, el reguero ha sido constante, y la enumeración incluye a iDental en el 2018; Dentix en el 2020; Láser Ideal en el 2023; Láser Centros Único, en el 2024; Clínica Dorsia en el 2025 ; Medican Clinics España, en el 2025, y 360 Clinics también el año pasado, con un juicio pendiente que empieza el próximo mes de abril. Casi se podría hablar de un «clinicazo» en estos ámbitos.

De la odontología a la cirugía estética, el trasplante capilar o los tratamientos láser de depilación, cada cierre parece seguir un patrón predeterminado. Suele ser inminente, inesperado para sus trabajadores y sin previo anuncio para los clientes que estaban financiando tratamientos. Casi se diría que la empresa se volatiliza, dejando tirados, como se suele decir coloquialmente, a unos y otros. «Realmente no podemos saber el motivo detrás del cierre de este tipo de empresas ni podemos tampoco afirmar que su apertura se realice con el objetivo de defraudar o lucrarse económicamente», resalta Francisco Martínez, presidente de la asociación de consumidores Facua. «Pero sí es cierto que desde años atrás venimos detectando este tipo de prácticas en empresas, especialmente, del sector estético, ya sean centros láser, de cirugía estética o dental, en los que el servicio que comercializan tiene un importe económico elevado, lo que nos puede llevar a pensar que tiene que ser lucrativo para quien decide abrir un negocio de este sector y que las consecuencias de realizar un cierre sin previo aviso tienen que tener un factor económico detrás», precisa.

El problema de las franquicias

La presidenta de la Unión de Consumidores en Córdoba, María Dolores Rivas, amplía estos cierres a otros sectores hace años, como academias de inglés y formación diversa. El punto en común para esta abogada es que siempre son franquicias: «ese tipo de negocios son otra historia, porque no tienen respaldo de la marca y si les va mal el negocio cierran y ya está, comunicándolo el mismo día del cierre». Esta asociación también ha realizado numerosas reclamaciones en el caso de clínicas relacionadas con la estética. Se podría concluir que estas situaciones se van dando en el franquiciado que en cada momento parece más rentable, últimamente cirugía, depilación, implante capilar y tratamientos de estética.

Con el cierre repentino, los consumidores quedan en un limbo, ya que las empresas «no se suelen acoger a un procedimiento concursal y liquidar la empresa en legal forma, si no que se produce el cierre e inmediatamente nadie responde, desaparecen», resalta el presidente de Facua en Córdoba. Pero es que el concurso tampoco suele ser una gran solución para aquellos clientes que pagaron su tratamiento sin concluir «ya que te conviertes en un deudor más», precisa la presidenta de la Unión de Consumidores. Los clientes que pueden contar con algo más de protección son los que financiaron su tratamiento mediante los conocidos como préstamos al consumo, lo que permite reclamaciones más claras a las financieras: «en estos casos pedimos la nulidad porque ha habido un incumplimiento en el contrato», afirma María Dolores Rivas. En esos casos se puede consigue si «existe prueba documental que acredita, como contrato, el número de sesiones recibidas y se puede acreditar la parte del tratamiento no recibido también», remata Francisco Martínez. En el caso de que no hubiese financiación y el pago se realizase directamente a la clínica, podría existir además la oportunidad de iniciar un proceso por la vía penal por posible estafa.

Rivas aconseja desde la Unión de Consumidores que «siempre financien coincidiendo la financiación con el tratamiento, no financiar y que empiece a los tres meses». Por su parte, Martínez cree que una posible solución para todos estos casos, y teniendo en cuenta la figura del cliente «sería obligar a las clínicas privadas a contratar un seguro por cierre y responsabilidad civil proporcional a su volumen de negocio». Por su parte, los trabajadores siempre tendrán el recurso del fondo de garantía salarial.

En este contexto, las asociaciones de consumidores insisten en la importancia de extremar la precaución antes de contratar tratamientos de elevado coste o financiados a largo plazo. También reclaman mayores controles y garantías que protejan tanto a clientes como a trabajadores ante cierres repentinos. Mientras tanto, los casos continúan acumulándose y evidencian un problema que, lejos de ser aislado, se repite con inquietante frecuencia en determinados sectores.