Una investigación de la Universidad de Córdoba alerta del uso de menores en redes y plantea límites legales

La exposición de menores en redes sociales por parte de sus propios padres —una práctica conocida como sharenting— está dejando de ser un gesto cotidiano para convertirse en un fenómeno con implicaciones jurídicas, sociales y económicas de creciente calado. Así lo concluye la investigadora de la Universidad de Córdoba, Mª del Pilar Mesa Torres, quien advierte de que esta práctica puede derivar en situaciones de «instrumentalización» del menor y en vulneraciones de derechos fundamentales.

«El sharenting es compartir de forma continuada imágenes, vídeos o datos personales de los hijos en plataformas digitales», explica Mesa Torres. Una práctica que, según subraya, en determinados casos «trasciende lo personal» y se inserta en dinámicas propias de la economía digital. «Hay perfiles con gran audiencia que utilizan la imagen de sus hijos para ganar seguidores e incluso como fuente de ingresos», apunta.

El estudio, publicado en la Revista Electrónica de Direito, parte de una realidad en la que confluyen derechos como la libertad de expresión de los padres y la protección de la intimidad, el honor, la propia imagen y los datos personales del menor. «El límite siempre está en el interés superior del menor», insiste la investigadora, que recalca la especial vulnerabilidad de este colectivo.

El menor como «contenido»

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo es el análisis de aquellos casos en los que el menor deja de ser un sujeto protegido para convertirse en el eje del contenido digital. «Se llega a difundir su vida diaria de forma constante, en todos los ámbitos, incluso en situaciones íntimas», advierte.

Mesa Torres alerta de que esta sobreexposición no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que puede proyectarse a futuro. «Estos menores acaban teniendo una identidad digital antes de poder decidir sobre ella», señala, y añade que existe el riesgo de que esas imágenes sean utilizadas de forma ilícita, incluso en contextos de pornografía infantil.

Además, la investigadora introduce un elemento clave: la posibilidad de que, en el futuro, esos menores reclamen responsabilidades. «No estamos lejos de ver casos en los que, ya adultos, exijan a sus padres por daños en su reputación, su honor o su intimidad», explica.

Del daño a la prevención

Frente a este escenario, el estudio plantea un cambio de enfoque. «El derecho suele ir por detrás de la realidad social», reconoce Mesa Torres, pero defiende la necesidad de avanzar hacia mecanismos preventivos que eviten el daño antes de que se produzca.

En este sentido, identifica una serie de indicadores que deberían activar ese control: número de seguidores, frecuencia de publicación, carácter público del perfil, presencia en varias plataformas o existencia de ingresos derivados del contenido. «Cuando concurren estos elementos, ya no estamos ante un uso inocente», subraya.

Supervisión, fondo económico y control de plataformas

A partir de este diagnóstico, la investigadora propone tres líneas de actuación. La primera pasa por reforzar el papel del Ministerio Fiscal, que debería ejercer un control preventivo en aquellos casos en los que la exposición del menor sea pública, recurrente y con fines lucrativos. «Se trataría de verificar que no se vulnera su interés superior y que el consentimiento de los padres no se está utilizando de forma abusiva», explica.

La segunda medida introduce una novedad relevante: la creación de un «Fondo de Garantía Digital del Menor». Este instrumento permitiría que los beneficios económicos generados por la imagen del menor quedaran protegidos en una cuenta a su nombre. «Si se están obteniendo ingresos gracias a esa exposición, ese dinero debe revertir en el menor», sostiene.

La tercera línea de actuación se dirige a las plataformas digitales. Mesa Torres considera imprescindible que asuman un papel activo mediante herramientas de prevención: verificación de edad, configuraciones de privacidad reforzada cuando aparezcan menores, advertencias sobre riesgos y sistemas ágiles de denuncia y retirada de contenidos. También plantea limitar la monetización de cuentas en las que participen menores sin control efectivo.

Un vacío legal en construcción

Actualmente, no existe una normativa específica que regule el sharenting, aunque el debate ya ha llegado a la agenda legislativa. «Se ha realizado una consulta pública por parte del Ministerio de Juventud e Infancia para abordar esta cuestión, pero todavía no hay un proyecto de ley», explica la investigadora.

Ese futuro marco normativo, añade, también podría abordar otros ámbitos donde la imagen del menor se difunde de forma habitual, como los centros educativos o las propias plataformas digitales.

Conciencia social y educación digital

Más allá de la regulación, Mesa Torres insiste en la necesidad de un cambio cultural. «La educación digital de los padres y la sensibilización social son fundamentales», afirma. A su juicio, el reto pasa por entender que la exposición de los menores en internet no es una cuestión banal.

«Solo mediante una regulación preventiva y una mayor concienciación podremos garantizar que el entorno digital respete la dignidad y la privacidad de los menores», concluye.