Más de 90.000 personas quedan en Córdoba por debajo del umbral de pobreza tras pagar los gastos de vivienda

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Córdoba celebró el pasado jueves 12 de noviembre, en la sede de Cáritas Diocesana de Córdoba, la conferencia «Sin vivienda accesible, la exclusión se perpetúa», impartida por Francisco García-Calabrés Cobo, abogado, mediador y profesor universitario. La actividad se enmarcó en la celebración de la X Jornada Mundial de los Pobres y en la campaña de la HOAC «Cuidar el trabajo, cuidar la vida».

La ponencia partió de una idea central: la vivienda no es solamente un bien económico ni una necesidad material, sino una condición indispensable para construir un proyecto de vida, ejercer los derechos, formar una familia y participar plenamente en la sociedad. Cuando una persona no puede acceder a una vivienda digna, asequible y estable, el problema va mucho más allá del mercado inmobiliario: puede desencadenar una cadena de dificultades que conduce al desempleo, la precariedad, el desarraigo, la pobreza infantil, el deterioro de la salud y la exclusión social. Cuando esta situación se prolonga, la pobreza corre el riesgo de dejar de ser una circunstancia para convertirse en una herencia.

A partir de esta perspectiva, Francisco García-Calabrés Cobo combinó el análisis de la realidad española y cordobesa con una reflexión sobre las responsabilidades de las administraciones, la sociedad civil y la Iglesia ante una problemática que afecta de manera directa a la dignidad de las personas y a la cohesión social.

Entre los datos expuestos, destacó que, según el IX Informe FOESSA, 2,7 millones de hogares en España se encuentran en situación de pobreza severa una vez descontados los gastos de hipoteca o alquiler. En Córdoba, más de 90.000 personas quedarían por debajo del umbral de pobreza después de afrontar los gastos de vivienda.

El ponente recordó que la exclusión residencial no se limita a las personas que viven en la calle. También afecta a jóvenes que no pueden emanciparse pese a trabajar, familias que destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, trabajadores que comparten habitaciones por falta de alternativas, personas mayores que tienen dificultades para mantener su vivienda y mujeres que no pueden abandonar entornos de violencia o dependencia por carecer de una alternativa habitacional.

Ante este diagnóstico, Francisco García-Calabrés Cobo defendió la necesidad de una política integral de vivienda, sostenida en el tiempo, con financiación suficiente, coordinación entre administraciones y objetivos evaluables. Advirtió de que no basta con confiar exclusivamente en que el mercado aumente la oferta ni con incrementar las ayudas al alquiler: ambas herramientas pueden ser necesarias, pero resultan insuficientes por separado.

Como propuestas concretas, planteó aumentar el parque público de alquiler social, con precios vinculados a la capacidad económica de las familias, y reforzar el alquiler frente a la compraventa en las promociones públicas, para responder especialmente a las necesidades de jóvenes, familias con pocos ahorros y trabajadores con empleos inestables. También propuso movilizar viviendas vacías mediante garantías a los propietarios, seguros, mediación e incentivos a la rehabilitación.

Otras medidas se orientan a prevenir los desahucios y proteger a las familias vulnerables, con intervención temprana, asesoramiento y alternativas habitacionales; desarrollar una política específica para jóvenes que facilite su emancipación; e incorporar la perspectiva de género para garantizar soluciones seguras a mujeres víctimas de violencia, familias monoparentales y mujeres mayores o trabajadoras con bajos ingresos.

El ponente subrayó asimismo la importancia de rehabilitar y mejorar los barrios vulnerables de Córdoba —como Las Palmeras, Las Moreras, el Sector Sur o el Guadalquivir—, contando con la participación vecinal y evitando que la regeneración urbana expulse a quienes tienen menos recursos. A ello añadió la necesidad de reforzar la colaboración entre Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España, mediante acuerdos plurianuales, financiación estable y compromisos que tengan continuidad más allá de los mandatos electorales.

La propuesta incluye también vincular las políticas de vivienda y empleo, de modo que las personas puedan vivir cerca de sus puestos de trabajo y los municipios de la provincia dispongan de alternativas residenciales para jóvenes, trabajadores y familias. Finalmente, el ponente planteó crear un observatorio provincial de vivienda y exclusión residencial que permita conocer con rigor la demanda de vivienda protegida y alquiler social, la disponibilidad real de viviendas públicas, la evolución de las promociones, el esfuerzo económico de los hogares, el sinhogarismo y los desahucios. «No se puede gestionar eficazmente aquello que no se conoce», defendió, insistiendo en la importancia de contar con indicadores para evaluar los resultados de las políticas públicas.

La conferencia puso de relieve la estrecha relación entre vivienda y empleo. La dificultad para acceder a un alojamiento adecuado condiciona la búsqueda y el mantenimiento del trabajo, la emancipación juvenil y la estabilidad de las familias. Por ello, la respuesta no puede limitarse a atender las consecuencias de la exclusión residencial, sino que debe actuar sobre sus causas estructurales.