El parlamento madrileño aprobará que el Gobierno de Ayuso no participe en ningún acto por la muerte de Franco

Aunque ya lo ha avanzado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en reiteradas ocasiones, el PP quiere dejar por escrito y aprobar en sede parlamentaria que el Ejecutivo autonómico no va a participar en ninguno de los actos previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez por el cincuenta aniversario de la muerte de Franco.

Es por ello que en el primer Pleno de 2025 en la Asamblea de Madrid, que se celebrará el próximo jueves, va a debatir, votar y, gracias a la mayoría absoluta del PP, aprobar una Proposición no de Ley (PNL) en la que el propio grupo parlamentario popular insta al Gobierno de Madrid a «no participar de actividades ideológicas que tengan por objetivo quebrar el espíritu de concordia que dio lugar a la Transición, recuperar los viejos rencores o comprometer la figura del S.M. el Rey».

Para el Partido Popular, tal y como explica en la exposición de motivos de su PNL, «el ciclo de actos antifranquistas anunciado por el Gobierno de Sánchez persigue dividir a la sociedad en función de la adscripción política de padres o abuelos, reprobar a los partidos de la oposición, y lo que resulta aún más grave: comprometer a la Corona».

Para colmo, añade, «el programa de actividades asume una presunta relación causa-efecto entre la muerte de Francisco Franco y el advenimiento de la democracia».

«El gobierno de PSOE y Sumar ignora que la democracia no sobrevino espontáneamente y que fue fruto de un admirable proceso de concordia entre todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad española, cuya obra fue refrendada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978. Tal es la efeméride que celebramos desde hace 46 años, la única que concita el consenso de los españoles», apostilla.

Además, la propuesta también insta, en este caso al Gobierno central, a proponer la derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que «alienta el guerracivilismo como estrategia política, divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables y convierte a los gobiernos de UCD y del PSOE (hasta 1983) en cómplices necesarios del franquismo, al mismo tiempo que es un ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando y del totalitarismo, que se ensayó en España, antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial».

Las críticas a la Ley de Memoria Democrática han reverdecido en los últimos meses después del intento del Gobierno de Sánchez de declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un movimiento que para el Ejecutivo de Ayuso es una forma de convertir su lugar de trabajo, que, además, cuenta con 250 años de historia, en un símbolo del franquismo. Algo a lo que se opone fervientemente la presidenta autonómica y contra lo que va a agotar todas las vías para impedirlo.

Por último, la proposición insta también al Gobierno de Sánchez a «restituir públicamente la Transición y su más alta plasmación jurídica, la Constitución, como causa y origen del actual sistema democrático y de libertad».