Juntos contra la mafia

Hace tiempo que advertimos de que el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez se comportan como una organización criminal. Lo que hace un par de años parecía una exageración, lamentablemente, se ha convertido en un clamor. Sánchez ya no puede, ni quiere, disimular su asalto a las instituciones, a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles.

Lo que parecían cesiones agresivas pero deslavazadas a sus socios de Gobierno para mantenerse en el poder, se han revelado como parte de un plan organizado y deliberado para socavar las instituciones democráticas de España, permanecer en el poder y eludir la acción de la Justicia. Primero fue el asalto a la Fiscalía General del Estado, al CIS, a TVE, al Banco de España y tantos otros organismos. Después, la aprobación de una amnistía radicalmente inconstitucional diga lo que diga Cándido Conde-Pumpido en unos días. Y en todo momento han estado ahí los casos de corrupción que empezaron en el mismo momento en que Sánchez llegó a la Moncloa.

Pero hay dos reformas legislativas especialmente peligrosas que tienen como objetivo que el entorno del presidente no tenga que rendir cuentas a la Justicia y que destruyen la separación de poderes en España.

Por un lado, la ley Begoña limita la acción popular en los procedimientos penales, en un intento de hurtar a los ciudadanos de la posibilidad legal de acusar a alguien de un delito en un juicio, maniatando a los jueces y evitando que juzguen los casos que el Gobierno no quiera juzgar.

Por otro, la llamada ley Bolaños pretende quitar a los jueces (imparciales, inamovibles, y solo sometidos al imperio de la ley) la competencia para instruir las causas judiciales, trasladando esa facultad a los fiscales, que tienen la obligación de seguir las órdenes del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno.

Esto significaría que el fiscal general, al que hoy la Justicia acusa de cometer delitos para favorecer al Gobierno, podría dar instrucciones para que los fiscales dejasen de investigar los casos que molestan al Gobierno, evitando así que los jueces pudieran juzgar a determinadas personas o determinadas conductas.

Dicho de otra forma: Sánchez ya tiene el Poder Ejecutivo, controla el Poder Legislativo, y con esta reforma tendría también el Poder Judicial. España se convertiría de facto en una autocracia dirigida por un personaje que se ha aliado con todos los enemigos de España, que dirige operaciones de Estado contra el adversario político y a quien los escándalos le tienen sumergido en el fango.

La corrupción no va a hacer caer a este Gobierno porque la corrupción es lo único que lo mantiene vivo. Necesitan culminar el asalto institucional para no ser juzgados y condenados por distintos delitos, así que la oposición a Pedro Sánchez ha dejado de ser una cuestión política y ha pasado a ser una necesidad institucional. No es el Partido Popular contra el Partido Socialista, sino los demócratas contra los mafiosos.

Todos estamos interpelados en esta situación: funcionarios honrados que están librando batallas silenciosas para cumplir la ley, policías, fiscales, jueces, periodistas, empresarios… Todos llamados a la batalla para defender la España de la concordia que construimos juntos y que cristalizó en la Constitución de 1978.

Quien quiera cambiarnos el país debería hacerlo con una propuesta política pública y sometiéndose a las correspondientes elecciones. Por eso, la manifestación de este domingo no es un acto de partido sino un acto de defensa de la Nación. A las 11 h de la mañana, en la Plaza de España de Madrid, digamos todos juntos si queremos mafia o democracia.

• Carlos Díaz-Pache es el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid