Madrid pide formalmente al Gobierno de Sánchez retirar las reformas contra las que claman jueces y fiscales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este miércoles la petición formal al Gobierno de Pedro Sánchez de retirar las tres modificaciones legales que el Estado tiene en marcha y que han provocado hoy un paro de diez minutos a las puertas de las sedes judiciales de todo el país.

Según el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso, y las asociaciones de jueces y fiscales que han secundado este breve paro como aviso de una futura huelga si no se atiende a sus exigencias, las reformas impulsadas por el ministerio de Félix Bolaños «atentan contra la independencia judicial y la separación de poderes consagrados en la Constitución Española».

En concreto, Madrid pide al Gobierno central la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; la ley que ordena el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal; y que desista de la aprobación del Anteproyecto de Ley que varía la norma por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde Sol esgrimen que «estos proyectos normativos en materia de Justicia han conseguido alarmar a los principales operadores jurídicos de España, como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE)». Además, consideran que suponen «un ataque al Estado de derecho y ponen en peligro el modelo de libertades y convivencia firmado por los españoles en 1978».

Así, denuncian que «el proyecto para la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal supone una transgresión de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública». Además, puntualizan, «tal y como han denunciado en numerosas ocasiones las asociaciones mayoritarias de estos profesionales, ataca la independencia judicial».

Además, el Gobierno madrileño alerta de que «el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley que modifica la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reforma competencias del Consejo Fiscal que lo alejan del modelo de la fiscalía europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado».