Vistazo del hotel okupa de San Blas
Los okupas del hotel de San Blas mueven ficha en los juzgados para frenar los desahucios
Se les ha ofrecido una compensación económica que oscilaría entre 10.000 y 15.000 euros por unidad
Los okupas del hotel de San Blas en Madrid acudieron a los juzgados de Plaza Castillas donde presentaron una solicitud formal dirigida a los jueces encargados de los desalojos. Tal y como informa el diario El Mundo, en el escrito piden la «no intervención policial hasta que se resuelva el contrato de compra» del complejo.
En el escrito se refleja que hay una negociación avanzada para lograr una salida acordada con los cerca de 200 okupas que están el hotel de San Blas.
Así, los inquilinos señalan que «todos estamos dispuestos a salir de ahí. Y, como cualquier persona, si tenemos un problema, nos defendemos con la ley. No somos quinquilleros».
Las negociaciones con los okupas cuentan con el visto bueno del fondo de inversión Copèrnicus, quien es el actual propietario de dos inmuebles en la calle.
El documento presentado en el juzgado recoge los nombres, DNIs y teléfonos de los residentes, una radiografía de la precariedad y la diversidad que caracteriza al complejo.
Asimismo, el escrito insiste en que el objetivo de todas las partes es alcanzar «un acuerdo amistoso para la salida» y subraya que la mayoría de los ocupantes son «familias vulnerables a las que estamos tratando de ayudar».
Dentro de esa negociación se ofrece una compensación económica que oscilaría entre 10.000 y 15.000 euros por unidad.
Vistazo del hotel okupa de San Blas
La situación se remonta a la subasta pública mediante la que el complejo cambió de manos, quedando repartido entre tres propietarios distintos: Unicaja, un fondo de inversión con sede en Irlanda y la empresa Copernicus.
Tras la quiebra de la promotora original, más de cien familias accedieron al edificio empujadas por la necesidad. Ahora, con la propiedad dividida, los titulares tratan de consensuar una estrategia para lograr que los ocupantes abandonen los pisos sin conflicto y poder emprender un nuevo proyecto en la finca.
No obstante, el proceso se ha vuelto opaco y complejo, envuelto en una cadena de intermediarios, promesas de palabra y la ausencia de contratos o notificaciones oficiales que garanticen las condiciones de salida.
Los residentes del complejo accedieron a colaborar con el proceso. Elaboraron un censo con los ocupantes de los apartahoteles, aportando datos personales y verificando entre ellos quiénes llevaban más de un año viviendo allí. Sin embargo, los supuestos mediadores han ido cambiando sin aportar soluciones.