Madrid ha enviado 58 expedientes de menores con malas conductas al delegado del Gobierno y no ha hecho nada

La consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha enviado una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, recordándole que la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia le ha enviado ya 58 expedientes de reagrupamiento familiar de menores con conductas disruptivas y serias dificultades de adaptación, sin que la Delegación del Gobierno haya hecho nada.

«Desde el pasado mes de abril, la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha enviado 58 solicitudes de reagrupación familiar, conforme a la normativa vigente, para menores que presentan graves dificultades de adaptación», comienza la carta.

Así, continúa señalando que «estas actuaciones, guiadas siempre por el interés superior del menor, pretenden garantizar su protección, prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales que los atienden».

Dávila remarca que «los procedimientos permanecen paralizados desde hace más de seis meses, sin que esta Comunidad haya recibido información ni explicación alguna sobre su tramitación».

«Conviene recordar que la única actuación conocida por parte de esa Delegación se limitó a un requerimiento impertinente, a esta Consejería, que incluía la solicitud de información que, como se le explicó expresamente, corresponde recabar al propio Gobierno de España en el ejercicio de sus competencias exclusivas o que ya consta en otros órganos ministeriales», apunta la consejera.

Asimismo, Dávila señala que «esta competencias exclusivas o que ya consta en otros órganos ministeriales. Esta Administración respondió con precisión, aportando en tiempo y forma toda la información que estaba a su alcance».

«Resulta inadmisible que, mientras la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2018 a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, 1.532 solo en lo que va de año, el Gobierno de España no solo no haya iniciado ninguno de oficio, sino que además mantenga inactivos expedientes plenamente fundamentados por informes técnicos que tienen por objeto hacer efectiva la reunificación del menor con su familia o con su entorno de origen, al resultar favorable para su desarrollo personal y social», continúa la consejera.

Dávila comenta al delegado del Gobierno que «los menores que llegan a los recursos de protección de la Comunidad de Madrid presentan perfiles cada vez más complejos, con conductas más disruptivas y serias dificultades de adaptación e integración».

«Esta situación exige una actuación decidida del Gobierno de España en la tramitación de la reagrupación familiar de estos menores y su puesta a disposición de los sistemas de protección de los países de origen, pues la Comunidad de Madrid no puede ni debe asumir una responsabilidad que corresponde legalmente al Gobierno de España», relata la consejera madrileña.

Dávila concluye instando a «agilizar la tramitación de los expedientes pendientes, a comunicar de inmediato su estado y a establecer una coordinación efectiva con esta Consejería, además de a reforzar la vigilancia exterior de los centros para garantizar la seguridad de los propios residentes y del resto de ciudadanos».