Madrid no participará en la comisión de trabajo del Gobierno sobre el 1 % del PIB para universidades

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha enviado una carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para comunicarle que la región «no va a participar en la Comisión de trabajo encargada de establecer el incremento del gasto público para alcanzar el objetivo del 1 % del PIB, ya que este «objetivo», recogido de forma desiderativa en el artículo 55.2 de la LO 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario es un indeterminado jurídico, y ajeno por completo a la realidad financiera de las comunidades autónomas y nuestras universidades públicas».

Viciana explica en la misiva que «Antonio Arias y Julio Martínez analizaron este capítulo de la LOSU en una publicación y lo definían como «un contenido impropio de un texto legislativo (si acaso d e un Preámbulo o Exposición de motivos) carente de carácter regulatorio y con imposible aplicación práctica».

«Un porcentaje aleatorio del PIB no aporta información real de las necesidades efectivas de nuestras universidades públicas, de su tamaño, del mantenimiento de sus instalaciones, ni del volumen de su gasto corriente», remarca el consejero madrileño.

En este sentido, remarca que «el PIB no es reflejo de lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, sus colegios o sus hospitales. Esto se mide a través del esfuerzo presupuestario».

«La Comunidad de Madrid lleva años haciendo una inversión anual en las universidades públicas de Madrid superior a l4 % de sus Presupuestos Generales», subraya Emilio Viciana.

Asimismo, continúa señalando que en Madrid acogen «a casi el 20 % de los estudiantes de toda España, mientras que Madrid representa el 14 % de la población total; otra realidad que tampoco refleja el PIB».

«Tampoco se tiene en cuenta la deficiente financiación de las Comunidades Autónomas, que condiciona nuestro presupuesto y que el Gobierno central solo parece estar dispuesto a reformar para contentar a separatistas y otros socios sin los cuales no podrían mantenerse en el poder», prosigue el consejero.

Viciana indica que «en Madrid, llegar a una inversión del 1 % del PIB en 2030 implicaría una inversión anual de más de 3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros más que en 2024, y casi 1.000 millones de euros más que el total del presupuesto de gastos de nuestras seis universidades públicas; todo ello, sin tener en cuenta la inflación».

«La MAIN de la LOSU, sin embargo, estimaba este coste entre 236,6 millones de euros y un máximo de 797,2 millones para toda España. Es una cifra arbitraria e irreal que solo busca hipotecar de nuevo a las Comunidades Autónomas que ya están teniendo que afrontar los sobrecostes derivados de los cambios d e dedicación d e l a LOSU y del Programa María Goyri», apunta el consejero.

Viciana indica que no van «a que el Gobierno central siga imponiendo cargas arbitrarias y mal calculadas, puramente ideológicas, ni que continúe sin asumir ninguna responsabilidad financiera sobre sus propias normas, mientras condona deudas a sus socios, o negocia condiciones especiales de financiación con las Comunidades Autónomas que le interesan electoralmente».