La Facultad de Políticas de la Complutense cancela una conferencia de un profesor y la portavoz de Vox en la Asamblea

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid vuelve a estar en el centro de la polémica por un nuevo episodio que, según diversas fuentes académicas, pone en entredicho el respeto a la libertad de expresión y la libertad de cátedra.

El pasado 3 de octubre, el profesor Rubén Herrero de Castro, docente de dicha facultad, presentó formalmente por Registro una petición para celebrar una conferencia en la Sala de Juntas del centro. El acto proyectado contaba con la participación del propio profesor y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y pretendía desarrollarse dentro de los cauces normales de la actividad universitaria.

Tras varias semanas sin respuesta oficial, el 5 de noviembre, el profesor Herrero recibió una resolución administrativa denegando la celebración de la conferencia. La comunicación, remitida desde el Decanato de la Facultad, ofrece una explicación que, según el propio profesor, carece de fundamento jurídico suficiente y constituye un acto de censura previa.

En el documento se afirma que la reserva de espacios en la Facultad «está sometida a un protocolo que se ha establecido para salvaguardar los derechos y libertades de todas las personas que desarrollan su actividad» en el centro.

Según esta versión, la Gerencia y el Decanato habrían seguido «de forma escrupulosa» dicho procedimiento. No obstante, se añade que, «ante la preocupación de que se pudiera producir algún tipo de interferencia», se solicitó un segundo aval al Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, al que pertenece el profesor Herrero, y que finalmente no fue concedido.

El texto oficial señala, además, que el protocolo establece que «sin la aprobación de uno de estos órganos departamentales, el espacio no podrá ser cedido y, por consiguiente, el acto no podrá ser autorizado».

La comunicación concluye invitando al profesor a informar a los participantes externos de la denegación del acto «con la diligencia debida» y a mantener próximamente una reunión con el Decanato para «intercambiar pareceres».

Un comportamiento reiterado

No es la primera vez que la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense se enfrenta a acusaciones de vulnerar el derecho a la libertad de expresión en su propio seno. Hay varios casos en los últimos años que revelan un patrón de actos cancelados o boicoteados, especialmente cuando los ponentes invitados mantienen posiciones críticas con la izquierda.

En 2025, por ejemplo, se impidió una conferencia del dirigente político Iván Espinosa de los Monteros, organizada por la asociación universitaria Libertad sin Ira, tras la presión de grupos de ultraizquierda. Ese mismo año, la Facultad canceló otro acto sobre libertad de expresión impulsado por la misma asociación, en el que iba a intervenir un diputado del Partido Popular, alegando también motivos de seguridad.

Unos años antes, en 2022, el dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, fue igualmente censurado bajo el argumento de que su participación podía suponer una «incitación al odio». Entre 2021 y 2023, los opositores a los regímenes de Venezuela y Cuba, Leopoldo López y Yunior García, también vieron interrumpidos o boicoteados sus actos académicos por grupos organizados de ultraizquierda.

Y más atrás, en 2010, la entonces líder de UPyD, Rosa Díez, fue increpada y abucheada por un grupo de estudiantes, entre los que se encontraban el profesor de la UCM y fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

Estos antecedentes, según diversos docentes y alumnos, muestran un doble rasero: mientras que determinadas voces progresistas o vinculadas a la izquierda radical pueden expresarse sin trabas, los ponentes o profesores asociados a posiciones conservadoras encuentran obstáculos reiterados bajo pretextos administrativos o de seguridad.

Defensa de los derechos

Ante lo que considera una vulneración sistemática de derechos, el profesor Herrero de Castro interpuso este jueves una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de poder celebrar la conferencia inicialmente prevista.

Además, ha anunciado que la próxima semana presentará una demanda judicial ante los tribunales competentes por vulneración de derechos fundamentales, en concreto los de libertad de expresión y libertad de cátedra.

El propio escrito del profesor recuerda «que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido la libertad de expresión como una condición indispensable para la existencia de una opinión pública libre, y por tanto, para la efectividad del sistema democrático».

«Esa libertad tiene, además, una doble dimensión: una vertiente individual, que protege la libre manifestación de opiniones y juicios de valor, y otra colectiva o institucional, que garantiza el derecho de la sociedad a recibir información y a formar su propia opinión», señala.

Sin embargo, advierte el texto, «este derecho no es absoluto, y la ley prevé límites precisos, establecidos principalmente en el Código Penal. Entre ellos figuran los delitos contra el honor (calumnias e injurias), los delitos de odio (artículo 510), los delitos contra los sentimientos religiosos (artículo 525) y el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578)».

«No obstante, estos límites operan «ex post», es decir, una vez cometida la infracción, y no «ex ante». De este modo, el ordenamiento jurídico no permite presumir la comisión de un delito antes de que éste se produzca, lo que, según el profesor Herrero, invalida cualquier intento de impedir un acto académico en base a hipótesis o temores», remarca.

Libertad de pensamiento

El texto concluye apelando a las palabras de Eleanor Roosevelt, quien en su histórico discurso ante la ONU en 1948 afirmó que «sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión es una farsa. Y sin libertad de expresión, no hay ciudadanía posible».

En esa misma línea, se cita a Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española, quien sostuvo que «la libertad de expresión no se concede; se ejerce. Y solo quien la respeta puede llamarse demócrata».

Con estas referencias, el profesor Rubén Herrero subraya que su defensa de la libertad de cátedra no responde a un conflicto personal, sino a la convicción de que la universidad debe seguir siendo un espacio de pensamiento libre y plural, donde las ideas se confronten con argumentos y no se censuren por prejuicios ideológicos o temores infundados.