La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce
La Comunidad de Madrid acusa a Ana Redondo de «engañar» a las mujeres y exige soluciones para las pulseras antimaltrato
Con todo, insisten en la necesidad de que el Gobierno central asuma su responsabilidad y actúe con celeridad
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este lunes explicaciones y soluciones urgentes respecto al funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Al mismo tiempo, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de «mentir» y «engañar» a las mujeres sobre la situación actual de estos dispositivos de protección.
Así lo ha manifestado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno autonómico, momentos antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Igualdad. Ante los medios, ha señalado que «hace más de dos meses» se conoció que los dispositivos presentaban «fallos muy graves» desde hacía ocho meses, un problema que ha llevado a que muchas mujeres hayan optado por no utilizarlos por falta de garantías.
En este sentido, la consejera ha lamentado que, pese al tiempo transcurrido desde que se hizo público el fallo, «no se ha ofrecido ninguna solución» a las afectadas, lo cual ha calificado de «situación insostenible».
Ha criticado, además, que la ministra asegurase que tomaría medidas para resolver este asunto, algo que, en sus palabras, «a día de hoy sigue sin concretarse». En consecuencia, ha denunciado que «las mujeres siguen sin respuesta» y que esa falta de actuación constituye una «mentira» a las víctimas de violencia de género.
«Las mujeres siguen sin respuesta»
Por otro lado, la consejera ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Igualdad incluida en el orden del día de la Conferencia, relativa a la acreditación de víctimas de violencia sexual. Ha advertido que las comunidades autónomas, responsables de gestionar las ayudas asociadas, «no han alcanzado un consenso» sobre este punto, por lo que ha pedido su retirada del debate.
Según ha explicado, el Ministerio aún no ha atendido las peticiones realizadas por las autonomías para implementar estas ayudas sin generar «inseguridad jurídica». A juicio de Dávila, la medida constituye «una nueva chapuza derivada de la Ley del 'Solo sí es sí'», aludiendo a los problemas que ha generado dicha norma en su aplicación práctica.
Con todo, desde la Comunidad de Madrid insisten en la necesidad de que el Gobierno central asuma su responsabilidad y actúe con celeridad para resolver una cuestión que afecta directamente a la protección de las víctimas.