La Audiencia Nacional juzga a Granados y a otras 13 personas por presuntos amaños en los contratos de fiestas en Madrid

La Audiencia Nacional (AN) juzgará desde esta semana al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y al exsenador 'popular' David Erguido, junto a otras 13 personas, por las presuntas irregularidades en los contratos adjudicados a la empresa Waiter Music para la celebración de las fiestas populares en distintos municipios madrileños en el marco del 'caso Púnica'.

Para los acusados, entre los que se encuentran exalcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y distintos cargos administrativos en esos ayuntamientos, la Fiscalía pide entre dos y seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

En su auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, el entonces juez de la AN Manuel García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro –donde Granados fue alcalde– Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter Music o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra, «proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados», indicó.

Según los indicios recogidos en el auto, Huerta, fallecido en 2020, dada su experiencia previa, y especialmente el trato que ya había mantenido con diferentes municipios en la época de alcaldía de Granados en Valdemoro, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en varios municipios por unas cifras que llegaron a superar el millón de euros.

Concretamente, el juez señalaba las adjudicaciones en el año 2003 de Valdemoro, (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Según añadió, Huerta logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.

Fuera de dichos clientes, el empresario también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 eran de Metro de Madrid, S.A.).

Huerta realizaba dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos, según el auto.

Durante su declaración ante el juez, Huertas se refirió también fiestas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que engloba a los 42 municipios que componen la sierra norte, unas actividades de las que también habla el auto del juez.

Otro epígrafe apunta al concierto 'Night of the proms', un evento celebrado en Madrid por el «deseo personal» de Granados, según el juez, y que se viene organizando en distintos países.

Para la organización del concierto se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de la empresa pública de gestión del suelo Arpegio y el empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación. También aseguró haber pagado los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete Inmaculada.

El juez recoge las acusaciones formuladas por las distintas partes, entre las que destaca la de la Fiscalía Anticorrupción, que interesa que Granados sea condenado a 6 años de cárcel y 46 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos supuestos delitos de fraude en la contratación, de prevaricación administrativa y un presunto delito continuado de prevaricación.

Para Erguido, el Ministerio Fiscal reclama que sea sentenciado a 2 años y 8 meses de cárcel y 19 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

El entonces juez instructor acordó «fijar prudencialmente» como responsabilidad civil las cantidades de 300.000 euros para Granados y de 50.000 euros para los otros trece encausados, según un auto al que tuvo acceso Europa Press.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, personada en calidad de perjudicada, reclama para Granados una condena a 7 años de cárcel, 28 de inhabilitación y una multa de 364.200 euros por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.