La letra pequeña del fallo europeo que ha devuelto la inmunidad a Puigdemont pero juega en contra de la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) notificaba, esta misma semana, la resolución por la cual anulaba la decisión por la que el Parlamento Europeo decidió, en 2021, retirar la inmunidad al líder de Junts y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, así como a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. La Corte comunitaria consideró que la mesa de la Eurocámara pudo no ser imparcial, puesto que entre los miembros que la conformaban había eurodiputados del grupo parlamentario al que pertenecía Vox –partido que se personó para que los líderes separatistas fueran juzgados, ante el Supremo español por el referéndum inconstitucional del 1-O– y, por lo tanto, tenían un interés directo en la causa.

Sin embargo, y más allá del resultado del fallo, ampliamente celebrado por el independentismo catalán, la realidad es que la sentencia dictada por el TJUE encierra varias trampas que podrían no ser tan positivas para los futuros intereses de Puigdemont. En especial, en lo relativo a la aplicación de la amnistía aprobada a su medida, por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, de la que todavía no ha podido beneficiarse, porque está pendiente de que el Tribunal determine su encaje en el marco del Derecho europeo.

No en vano, pese a que el expresidente catalán y sus dos ex consejeros han conseguido su objetivo final ante la Corte europea, revocar la retirada de su inmunidad, lo cierto es que las razones que han llevado a este desenlace nada tienen que ver con una respuesta favorable a los planteamientos utilizados por Puigdemont, Comín y Ponsatí en sus recursos de casación contra una primera sentencia del Tribunal General (TGUE) que, en julio de 2023, sí respaldó a la Eurocámara. Los motivos que han llevado al TJUE a darles la razón «son ajenos al fondo del asunto», apuntan varios expertos juristas consultados por El Debate.

Una decisión simbólica pero sin efectos reales, puesto que ni Puigdemont, ni Ponsatí fueron elegidos europarlamentarios en 2024 y, por tanto, ya no gozaban de la inmunidad asociada al cargo

Pero es que, además, esta sentencia no tendrá repercusión real porque la cuestión de su inmunidad «nada tiene que ver con la posibilidad de que en España continúe investigado y reclamado» por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Supremo; ni, tampoco, con el alcance final que tendrá la amnistía para los fugados.

Es decir, al margen de su valor propagandístico, desde un punto de vista del relato político, la resolución «carece de efectos prácticos» dado que Puigdemont ya no es eurodiputado, ni siquiera diputado español, en la actualidad. Como sucede con Comín.

Se desmarca del Abogado General

Por otra parte, cabe recordar que, en el debate jurídico sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el Abogado General de la UE, Maciej Szpunar propuso a la Justicia comunitaria avalar la decisión del Parlamento de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat.

Una posición que no era vinculante y de la que, en efecto, se ha desmarcado la Corte en su pronunciamiento final sentando un precedente que podría replicarse en el caso de las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía que han sido planteadas por varios tribunales españoles y que tendrán que ser resueltas por el TJUE en los próximos meses. De cumplirse el criterio que se ha producido en el ámbito de la inmunidad, podría resultar que el aval prestado por el abogado general de la amnistía, el luxemburgués Dean Spielmann, al borrado penal del procés en España, no fuese ratificado por la Justicia europea.