Okupas desalojados en Collado Villalba
El operativo policial que ha desalojado a 43 familias en Collado Villalba, en vídeo
El Ayuntamiento alega motivos técnicos y de salubridad mientras la Asamblea de Vivienda denuncia falta de autorización judicial y ausencia de alternativas
Un edificio okupado situado en la calle Real 13-15 de Collado Villalba, propiedad de la Sareb y dependiente del Ministerio de Vivienda, está siendo desalojado este jueves por la mañana. El inmueble llevaba años ocupado y en él residían actualmente unas 43 familias, lo que supone alrededor de un centenar de personas afectadas, entre ellas menores y personas con discapacidad.
Desde primera hora, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba —medio centenar según el colectivo— se concentraron ante el bloque para tratar de frenar el lanzamiento. Un amplio dispositivo integrado por Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil custodiaba el acceso. Los congregados colocaron colchones y enseres a modo de barrera en la entrada para intentar impedir el paso.
El desalojo se produce a petición del Ayuntamiento, que sostiene que el edificio no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso residencial. Según el Consistorio, la actuación responde exclusivamente «a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad» y se ha ejecutado con «pleno respeto a la legalidad vigente» y conforme a «criterios técnicos objetivos». Un informe del arquitecto municipal fechado el 13 de noviembre, tras un pequeño incendio registrado el 26 de octubre, concluyó además que el inmueble carecía de licencia de primera ocupación.
Desde la Asamblea de Vivienda, sin embargo, niegan que exista justificación legal para el desalojo masivo. Su portavoz, Guillermo Di-Marco, asegura que no se ha solicitado autorización judicial de entrada ni existe declaración de ruina o situación de emergencia que lo respalde. Aportan un informe técnico independiente fechado el 30 de octubre que señala que el edificio presenta «un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes».
El equipo de Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Mariola Vargas, mantiene que los informes técnicos municipales acreditan «deficiencias estructurales» y graves carencias higiénico-sanitarias incompatibles con la permanencia de personas en el interior. Asimismo, sostiene que se concedió a la propiedad un «plazo prudencial» para ofrecer alternativas habitacionales, especialmente a los casos más vulnerables.