Madrid acusa a Sánchez de deberle 3.000 millones en dependencia: «Hay miles de vidas en espera»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reclamado al Gobierno central los 3.000 millones que le debe en dependencia. La responsable de la cartera madrileña ha escrito una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, solicitándole «una reunión urgente con el fin de abordar la situación de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en particular el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de su obligación de cofinanciar, al menos al 50 %, el coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas».

«Como usted mismo ha manifestado en reiteradas ocasiones -en consejos territoriales, comparecencias públicas y, más recientemente, durante el debate parlamentario de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad-, el compromiso del Gobierno es lograr ese 50 % de financiación estatal. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese objetivo y, lejos de corregirse, se agrava año tras año», ha subrayado Ana Dávila.

La consejera de Familia madrileña ha remarcado que «en el caso de la Comunidad de Madrid, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5 % del coste del sistema, casi dos puntos porcentuales menos que el año anterior y las previsiones del certificado de 2025 se sitúan en un porcentaje similar».

En este sentido, apunta que «este incumplimiento sostenido ha generado ya una deuda acumulada del Gobierno de España con los madrileños en situación de mayor vulnerabilidad cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025».

«Un agujero que crece a razón de más de un millón de euros cada día que pasa Ministro, no se trata de una cifra abstracta, sino que detrás de ella hay miles de vidas en espera: con los recursos que el Estado ha dejado de aportar a los madrileños solo el pasado año, podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio», señala en la carta.

Dávila indica que «resulta difícil de explicar –y aún más de justificar– que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para n cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política».

«La aprobación de un Real Decreto-ley que modifica tanto la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado, como el Real Decreto 1051/2013, evidencia que el problema no es jurídico ni técnico, sino de prioridades», ahonda la consejera madrileña.

Asimismo, comenta que «el caso de la ELA es paradigmático. Aunque la dotación aprobada es manifiestamente insuficiente para atender las necesidades reales de los pacientes y sus familias, el Gobierno ha habilitado una financiación específica aun sin estar prevista en los presupuestos prorrogados».

Ana Dávila subraya que «resulta incomprensible es que pudiendo hacerlo, no aplique la financiación marcada por la ley al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país y sigan escudándose en el propio incumplimiento de su Gobierno de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado».

«Además, lejos de corregirse, la infrafinanciación estatal se agrava para la mayoría de las regiones, al mismo tiempo que su Gobierno suscribe acuerdos bilaterales solo con algunas comunidades autónomas utilizando la financiación social como moneda de cambio política, comprometiendo, así, la igualdad entre españoles», señala en la misiva.

La consejera de Familia de Madrid por todos estos motivos ha solicitado una reunión inmediata para abordar de manera directa y rigurosa la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, exigir el cumplimiento de su gobierno, y su propia promesa personal, y acordar medidas concretas que permitan garantizar su sostenibilidad y la atención digna que merecen las personas más vulnerables en toda España».