Varias personas en una terraza en Madrid

Varias personas en una terraza en MadridEuropa Press

Ayuntamiento de Madrid

Admitida la denuncia contra la ordenanza de terrazas de Madrid por «ocupar las aceras con más de 200.000 sillas»

Las asociaciones vecinales defienden que se vulnera el derecho a la movilidad y la accesibilidad, mientras que desde el Ayuntamiento les acusan de «negacionistas»

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recurrido la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, aprobada en noviembre de 2025. La organización considera que «está hecha al servicio del sector de la hostelería» por ser demasiado permisiva con su invasión del espacio público.

La federación ha indicado que en Madrid hay 6.472 terrazas que ocupan 196.647 metros cuadrados de espacio público, con 63.831 mesas y 204.959 sillas instaladas, y que los hosteleros suelen incumplir las normas.

Varias personas en una terraza en Madrid

Varias personas en una terraza en MadridEuropa Press

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, informó en una rueda de prensa celebrada en la sede de la entidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la admisión a trámite su recurso contra la ordenanza. Nacarino acusó al Consistorio de «entregarle las llaves de la ciudad a un sector que es claramente incumplidor».

Entre los incumplimientos más habituales citó el exceso de ocupación de las aceras, el incumplimiento de los horarios de cierre o la falta de retirada del mobiliario una vez finalizado el horario autorizado.

También criticó la ocupación de accesos a portales, la falta de separación entre terrazas o la invasión del espacio destinado al peatón y a personas con discapacidad.

Recurso ante el TSJM

El abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, explicó que el recurso se basa en la defensa del interés general y en la necesidad de garantizar la convivencia entre vecindario y hostelería.

Maíllo recordó que el TSJM anuló en 2024 la anterior modificación de la ordenanza, señalando tres cuestiones relevantes: la necesidad de un trámite real de audiencia pública, la evaluación ambiental estratégica y el impacto presupuestario de la norma.

El TSJM puede anular artículos concretos o podría tumbar la ordenanza entera. En este caso se tendría que volver a la normativa de 2013. Maíllo confesó que este no es su objetivo, sino impulsar una normativa nueva «fruto del diálogo».

«Posición absolutamente negacionista»

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, lamentó la «posición absolutamente negacionista» de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias replicó que desde el equipo de Gobierno contestaron «a todas y cada una de las alegaciones» y también hablaron con la FRAVM «en múltiples ocasiones».

«Es evidente que no podíamos llegar a un acuerdo con ellos, pero eso no quiere decir que no se les escuche», aseguró Sanz, al tiempo que remarcó que si el recurso ha sido admitido a trámite es porque «formalmente está correcto», sin más.

«Creo que se ha hecho un extraordinario trabajo en esa ordenanza y por lo tanto confiamos en que el recurso no vaya a ir a más», zanjó.

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