Ayuso se revuelve contra el registro de objetores al aborto, mientras Génova dice que las decisiones judiciales «se acatan»

El pasado lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, celebró como una «victoria judicial» que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a iniciar «de inmediato» los trámites para poner en marcha un registro de médicos objetores al aborto en la región. Sin embargo, desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso rebajan el entusiasmo de la líder de Más Madrid al recordar que se trata únicamente de una medida cautelar.

Es decir, explican desde la Puerta del Sol, que el tribunal aún no ha entrado a pronunciarse sobre el fondo del asunto que el Gobierno de Pedro Sánchez llevó a los tribunales el pasado mes de noviembre, ante la negativa de Madrid a elaborar un listado con los médicos objetores de conciencia frente al aborto.

Un extremo al que obliga la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del aborto, que obliga a todas las comunidades autónomas a crear ese registro con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el «derecho» al aborto.

Pero, igual que no se arrugó Ayuso ante el anuncio de la interposición de un recurso por la actitud de su Gobierno -que anunció el propio Sánchez en sus redes sociales-, tampoco pretende hacerlo ahora. Y es que el Ejecutivo autonómico, a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre el fondo del asunto, va a recurrir en reposición esa medida cautelar que le obliga a iniciar los trámites para poner en marcha ese registro de objetores.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, revelaba ayer que el equipo legal de la Comunidad de Madrid ya está trabajando «con rigor técnico y con la ley en la mano» para defender la libre objeción de conciencia de los médicos. «En la Comunidad de Madrid no se le deniega a nadie el aborto, no se señala a nadie ni por abortar ni por no hacerlo, ni por hacer abortos o no hacerlos», declaró la consejera, al tiempo que recordó que uno de cada cinco abortos que se realizan en España se hacen en Madrid. «Es un debate estéril, las cifras son tozudas», zanjó.

En esa misma línea se pronunció el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, quien puso el foco en las «mentiras» de Mónica García, quien, a su juicio, trata de hacer pensar a la población «que en Madrid no se garantiza el servicio de interrupción voluntaria del embarazo», cuando es la propia ministra quien «no garantiza ese derecho en Ceuta y Melilla».

El principal argumento que van a esgrimir los servicios jurídicos de la región para mantenerse firmes en su negativa es que en Madrid está garantizado que los médicos puedan ejercer este derecho, lo que no quita que, al mismo tiempo, también esté garantizado el aborto, una práctica que se viene «prestando con normalidad desde hace años» en Madrid.

Sin embargo, mientras que el Gobierno de Ayuso se revuelve ante ese último pronunciamiento del TSJM sobre esta cuestión y va a hacer uso de todas las herramientas legales a su alcance para hacer valer su postura, desde Génova han optado por no respaldar esta posición y se han limitado a recordar que «las decisiones judiciales se acatan».

Lo dijo ayer la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Interrogada por el asunto, Muñoz se limitó a responder que «en Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial».

De esta forma, el PP Nacional evitó respaldar la ofensiva emprendida por la Comunidad de Madrid para no señalar a los médicos que no quieren practicar abortos. Y es que, aunque es evidente que una vez agotadas todas las vías posibles, si la Justicia obliga a Madrid a crearlo, no le quedará más remedio, lo cierto es que, de momento, el Ejecutivo de Ayuso no contempla ese escenario y seguirá peleando.

La postura de Ayuso sobre el aborto

La presidenta madrileña ha ido adoptando en los últimos tiempos una postura cada vez más contraria al aborto. Aunque defiende que pueda ser legal y seguro, considera que hay que trabajar para que sea cada vez menos frecuente.

«El aborto no puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse y eso conllevaría una serie de obligaciones como, por ejemplo, que los médicos fueran contra su propio código deontológico, contra aquello que les llevó a estudiar Medicina, que es prolongar la vida», explicó el pasado mes de abril en una entrevista con El Debate.

Para Ayuso, hacer una «lista negra» de médicos contrarios al aborto «pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 de derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional».

Además, en una intervención en la Asamblea de Madrid el pasado mes de octubre, también opinó que ese registro atenta contra «el artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias», así como el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y el artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia, aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que conforme a la ética, un médico que en razón de sus condiciones personales pueda negarse a practicar un aborto.

En esa intervención, la mandataria cifró en 106.000 los abortos que se hacen en España al año, por lo que en una década «se ha abortado a un millón». «¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar», le espetó a la bancada de la izquierda.