Ayuso recurre la obligación del registro de objetores al aborto y Mónica García amenaza con su inhabilitación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha interpuesto el recurso contra la medida cautelar que le impuso la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de iniciar «de inmediato» los trámites para la puesta en marcha de un registro de médicos objetores al aborto en la región.

Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha amenazado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con penas de multa e inhabilitación, por negarse a crear esa «lista negra» de médicos que no quieren practicar abortos en la región.

«Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público», ha afirmado este martes durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Tal y como ya había avanzado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que haría, ha interpuesto ese recurso contra la medida cautelar, a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, esta es, la negativa de el Ejecutivo autonómico de crear ese registro de médicos que no quieren practicar abortos.

Así lo ha avanzado este martes el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género. El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha reiterado la posición que llevan meses esgrimiendo desde la Puerta del Sol y es que Madrid garantiza el derecho de los médicos a la libertad de conciencia y, al mismo tiempo, presta el servicio a las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos contemplados en la ley.

«La ministra lo sabe y miente cuando habla», ha asegurado, en referencia a Mónica García y a sus acusaciones de que en Madrid no se practican abortos. Mientras tanto, ha recordado a la líder de Más Madrid que en Ceuta y Melilla, donde su ministerio tiene las competencias de gestión de la sanidad, «todos los abortos se realizan en la privada y en otra comunidad autónoma». Algo que, le ha afeado, «oculta».

Cabe recordar que el ministerio de Sanidad recurrió a la vía judicial cuando Madrid se erigió como la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores. Así las cosas, ahora el TSJM deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y, mientras tanto, Madrid no tiene intención alguna de empezar ningún trámite, una vez ha confirmado que ha recurrido la medida cautelar que le obligaba a ello.

En este contexto, Mónica García ha reprochado hoy a Ayuso que haya afirmado que su empeño personal es no aplicar ese registro. «Pues bien, el empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres», ha agregado.

Además, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, la ministra ha anunciado que va a enviar misivas a todos los gobiernos autonómicos para que le faciliten información detallada sobre cómo están organizando los abortos en sus territorios.

«Para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva», ha especificado.