Madrid sospecha de corrupción en los trámites para la construcción de 53 macroplantas fotovoltaicas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sospecha que se han realizado «prácticas corruptas» en Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a 53 proyectos de macroplantas fotovoltaicas de la región.

Por ello, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para exigirle la realización de una auditoría independiente. En esa misiva, tal y como ha podido saber El Debate, el consejero ha expresado su «creciente preocupación ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas».

El objetivo, tal y como ha indicado Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible en esos 53 proyectos de Madrid, que abarcan 10.490 hectáreas.

Aunque el consejero ha subrayado el compromiso de Madrid con la transición energética, ha matizado que esta «debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio». En este contexto, ha insistido en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.

Además, ha advertido de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural. Igualmente, ha alertado de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría «comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones».

El escrito también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, «resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo».

En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.

Medidas que plantea Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado que las comunidades autónomas dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.

Además, también ha propuesto revisar el actual marco competencial para que las autonomías puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios. «Se trata de macroplantas de más de 100 hectáreas y, por lo tanto, las que más afecciones territoriales, medioambientales y paisajísticas tienen en regiones de pequeña extensión como es la Comunidad de Madrid», ahondan desde la consejería.

Cabe recordar que Madrid ha activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas, limitándolos a un 4 % de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios.