La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León
Madrid califica de «temeraria» la política migratoria del Gobierno de Sánchez
Así lo ha calificado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien ha dado plantón a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada hoy «de forma ilegal»
El Ejecutivo autonómico madrileño, a través de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha calificado de «temeraria» la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha rechazado acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de hoy por ser convocada «de forma ilegal».
La consejera se lo ha anunciado a los medios de comunicación este miércoles tras conocerse que el Ministerio de Juventud e Infancia iba a informar las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos.
«La Conferencia ha sido convocada de forma ilegal porque el orden del día fue rechazado en la Comisión Sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas. Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid», ha afirmado Dávila.
«Quieren prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes»
De este modo, la consejera ha explicado los problemas de su partido con esta iniciativa del Gobierno central. «El Gobierno quiere prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad. Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportista de las mafias y Madrid no se lo va a permitir».
Cabe destacar que este mismo lunes la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Dávila remitió una carta en la que se advertía que el Gobierno regional ejercerá «todas las acciones legales que sean necesarias» si el Ejecutivo central insiste en prolongar el sistema extraordinario de traslados de menores migrantes sin cobertura jurídica. Por esta razón, la consejera ha remachado en la intervención de hoy que «no hay cobertura legal para continuar con este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas».