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Asamblea de Madrid
La izquierda madrileña pide a Ayuso abrir supermercados públicos y controlar los precios de la compra
Desde el PP tachan la medida de «comunista y contraproducente» en un país en el que no existe ningún tipo de problema de abastecimiento
El Pleno de la Asamblea de Madrid va a debatir el próximo jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Más Madrid para que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ponga en marcha una red de supermercados públicos municipales y vigile los precios, así como sus supuestas «prácticas abusivas» de las grandes superficies.
El texto de la propuesta de la formación encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García, censura la «alarmante» subida del precio de la cesta de la compra en Madrid, al mismo tiempo que las cadenas comerciales y grandes superficies registran beneficios «ejercicio tras ejercicio».
Según el Observatorio de Márgenes Empresariales, cita la formación en la exposición de motivos de la iniciativa; a cierre de 2024, el sector de la distribución ha registrado una rentabilidad bruta del 6,1 %, alcanzando ganancias históricas de 7.500 millones de euros en su conjunto.
En este sentido, señala a las cadenas Mercadona, Carrefour o Lidl, y también a otras como Ahorramás, que terminó el ejercicio anterior con un beneficio de 126,5 millones, un 23,5 % más entre 2024 y 2020, y sus ventas crecieron un 26,6 % en ese mismo periodo, superando los 2.100 millones.
Pero el señalamiento de Más Madrid a empresas no termina ahí. La formación también cita un estudio de IDRA donde se hace mención de los supuestos problemas derivados de la acumulación de marcas y empresas clave en seis grupos: Vall Companys, Ebro Foods, bonÁrea, Nestlé, Coca-Cola Europacific Iberia y Grupo Fuertes, que en 2024 sumaron 1.281 millones de beneficios.
Tras dibujar un panorama apocalíptico con las empresas privadas como los grandes males de los madrileños, quienes «sufren las prácticas monopolísticas y la posición de poder de gigantes del mundo de la alimentación y la distribución» a la hora de hacer la compra, el partido asevera que los poderes públicos «deben actuar».
Así pues, la organización encabezada por Manuela Bergerot en la Cámara autonómica pide en esa PNL la puesta en marcha de una red de supermercados públicos municipales que, en colaboración con las entidades locales, sirva para que «toda la población tenga acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos».
Además, también exige al Ejecutivo de Díaz Ayuso que, dentro de sus competencias en materia de consumo, vigile los precios de la alimentación, supervise la cadena de valor y detecte «prácticas abusivas de los grandes intermediarios y superficies comerciales».
Por otra parte, el texto también pide al Gobierno madrileño que, a su vez, inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a establecer un mecanismo de control y limitación de los precios en productos habituales y saludables de la cesta de la compra, como pan y cereales, carne, pescado, leche, queso, huevos, aceites, frutas, legumbres, hortalizas, patatas y alimentos de bebés.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot
«Frente a una derecha sin ideas que va a salir corriendo a llamarnos comunistas, nosotros planteamos soluciones reales para problemas reales», lanzaba este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento regional Bergerot, tras dar cuenta de la propuesta.
Poco después, tal y como había vaticinado, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, reconocía que no se le ocurría ninguna medida «más comunista y contraproducente» en un país en el que no existe «ningún tipo de problema de abastecimiento porque tenemos un mercado libre». «Cuando el Estado se mete, provoca escasez», sentenciaba.
Cabe recordar que en 2023 Podemos, por boca de la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ya propuso, sin éxito, una medida similar.
Los morados plantearon la creación de una cadena pública de supermercados que se llamara 'Precios Justos' para luchar contra el «oligopolio alimentario» que, a su juicio, está en manos del presidente de Mercadona, Juan Roig.
Precisamente hace escasos días se conocía que Roig destinó 220 millones de euros procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por la cadena de supermercados a reactivar la economía valenciana y nacional, así como al impulso del emprendimiento, formación, arte, cultura y mecenazgo deportivo, en 2025.