Madrid ha rechazado 33 solicitudes de eutanasia por motivos de salud mental y ha atendido una desde 2021

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recibido 40 solicitudes de eutanasia por motivos de salud mental desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 que la regula. Según ha indicado hoy la directora general asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana Morgado, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, de estas solicitudes 33 fueron rechazadas -«informadas desfavorables por el médico responsable»-, seis están estudiándose y tan sólo una fue atendida.

«Las solicitudes basadas exclusivamente en sufrimiento psíquico no constituyen una vía ordinaria dentro del sistema», sino que responden a «casos excepcionales sometidos a un escrutinio clínico y ético especialmente riguroso» y se realizan «desde una valoración individualizada y rigurosa», ha afirmado, a preguntas de la diputada de Vox Raquel Barrero Alba sobre el papel que desempeñan los servicios de salud mental de la Comunidad en la valoración de pacientes que solicitan la eutanasia.

«Estamos ante un procedimiento con un altísimo nivel de exigencia clínica, ética y jurídica, especialmente en los casos vinculados a salud mental», ha remarcado la directora general, que ha subrayado que se trata de un proceso que es «extraordinariamente restrictivo y garantista».

En su intervención, ha recordado que esta prestación forma parte de la cartera común de del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se regula mediante una ley estatal «que establece un procedimiento garantista con requisitos muy precisos».

En el caso de sufrimiento psíquico, antecedentes o sospecha de trastorno mental, o cualquier elemento que pueda generar dudas razonables sobre la autonomía de la decisión, ha explicado, se exige «una evaluación especialmente rigurosa», con participación de profesionales de salud mental, con el objetivo de valorar «la capacidad de decisión del paciente, de analizar la posible influencia de facto psicopatológicos y de descartar situaciones de impulsividad y de acción suicida u otras alternativas terapéuticas aún disponibles».

«La intervención de salud mental cuando se produce tiene precisamente como finalidad reforzar la protección del paciente y asegurar la solidez clínica y ética de la decisión, y no ante un procedimiento automático ni generalizado», ha remarcado Quintana Morgado, quien ha insistido en que en estos casos «se exige un nivel de exigencia aún mayor», con evaluaciones más detalladas, análisis de la capacidad de decisión y verificación de que no concurren situaciones de impulsividad, ideación suicida o alternativas terapéuticas razonables.

Críticas de Vox

Por su lado, la diputada de Vox ha trasladado su oposición a que «el Estado decida quién tiene que vivir o morir, en base a que una vida no sea digna» y ha recalcado que se trata de «una práctica cuyo resultado es irreversible, es decir, la muerte de una persona» por lo que «la obligación de garantizar un control estricto no es opcional, es imprescindible».

En esta línea, ha resaltado el «crecimiento sostenido» en el número de eutanasias desde que entró en vigor esta ley y ha advertido del «contagio social». «Cuando se despenaliza un delito, quien promueve esta despenalización lo que busca es normalizarlo socialmente», ha defendido.

En este sentido, ha reclamado «protocolos» en este sentido, algo en lo que la Comunidad sí es competente. «Uno de los elementos centrales del procedimiento es la evaluación de la capacidad del paciente. Si no en todos, no se puede hacer con rigor sin la participación de un especialista en salud mental», ha remarcado.

Ante ello, la directora general asistencial ha insistido en que no se trata de «un escenario de riesgo generalizado» sino que es «un procedimiento altamente regulado, con muchos niveles de control y con una aplicación extremadamente restrictiva en los supuestos vinculados a salud mental».