La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE)
Juzgan a la hermana de la secretaria de Zapatero, alcaldesa de un pueblo de Madrid, por presunta prevaricación
La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo miércoles un juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcazar (PSOE) -que resulta ser la hermana de la secretaria del expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar- por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por, supuestamente, omitir durante años actuaciones frente a las molestias denunciadas por vecinos derivadas de la actividad del restaurante 'El Casón de la Quinta de San Antonio'.
El juicio a esta alcaldesa socialista se va a producir pocos días después de conocerse la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otros delitos conexos, como falsedad documental.
Un extremo que ha hecho saltar a la palestra a Gertrudis, que aparece en el auto de imputación en el que el magistrado José Luis Calama define a la secretaria como «una pieza operativa esencial» de la trama para «el ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizado y liderado por Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
Volviendo a Velilla de San Antonio, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos por los que se va a juzgar a la hermana de Gertrudis y a otros tres responsables municipales se remontan al menos a 2019 y afectan a la entonces y actual alcaldesa; al técnico de urbanismo F. R. F.; y a los concejales E. I. A. S., responsable de Medio Ambiente, y J. P. R., titular del área de Urbanismo.
Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio
El Ministerio Público sostiene que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos», pese a las reiteradas denuncias relacionadas con el funcionamiento del establecimiento hostelero situado en la calle María Zambrano número 9 de la localidad.
La Fiscalía afirma que el local disponía de licencia para actividad de restaurante, concedida en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en las zonas exteriores, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada.
El escrito recoge que el establecimiento habría incumplido de forma reiterada los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica, prolongándose algunos eventos hasta las cinco o seis de la mañana.
Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, según la acusación pública, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados y sin resolución definitiva.
La Fiscalía considera que los responsables municipales no ejercieron sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares o de restablecimiento de la legalidad, incumpliendo presuntamente la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Tres vecinos afectados reclaman indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante esos años, especialmente en primavera y verano, cuando aumentaba la celebración de eventos y las molestias acústicas.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales. Asimismo, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados con 4.000 euros.
Pero esta no es la primera vez que Antonia Alcazar se enfrenta a la Justicia. La alcaldesa fue acusada por otro presunto delito de prevaricación administrativa al amañar, según aseguró la Fiscalía entonces, contratos públicos para favorecer a la consultora CGI en el marco de la investigación del «caso Termyca o Efial». En 2024, quedó absuelta y ha logrado mantener la alcaldía.