Ana Dávila Ponce, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ayuso reclama que se active el retorno de 110 menores no acompañados
Desde el Ejecutivo autonómico señalan que, en caso de que «persista la inactividad o una negativa injustificada», se reservan el derecho a emprender las acciones legales que consideren
El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere que la Delegación del Gobierno active de forma inmediata el retorno de 110 menores no acompañados y el cumplimiento de sus competencias, después de que, según han informado desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, hayan conocido un informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre la situación de las solicitudes de repatriación dirigidas al Ejecutivo central.
El Gobierno autonómico informa en una nota de que la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, va a remitir este mismo miércoles un escrito al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para «recordarle los 110 expedientes pendientes de activar correspondientes a procedimientos de reunificación familiar y pedirle que cumpla con las obligaciones legales atribuidas a la Administración General del Estado».
La Comisión de Protección de la Infancia, que es el órgano técnico encargado de adoptar las medidas de protección de los menores, remarca que lo más adecuado para el interés superior del menor es que vuelvan con sus familias y a su entorno social.
Desde el Gobierno regional apelan al artículo 35 de la ley de Extranjería, y critican a la Delegación que por el momento no haya puesto en marcha ningún procedimiento de repatriación de estos menores. A su juicio, esa «inacción» que reprochan al Gobierno central ha provocado que de los 110 menores afectados —que están a la espera de la repatriación— 40 ya hayan alcanzado la mayoría de edad sin que todavía se haya iniciado trámite alguno para que vuelvan con sus familias.
Asimismo, indican desde el Gobierno de Díaz Ayuso que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha presentado un total de 16 denuncias contra falsos menores por un presunto delito de estafa agravada, «al haberse beneficiado indebidamente de recursos públicos de protección», unas actuaciones que han dado lugar a las primeras detenciones.
El Gobierno madrileño traslada que, en caso de que «persista la inactividad o una negativa injustificada» por parte de la Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas.
