Madrid estudia llevar a los tribunales el incremento de menores inmigrantes que le obliga a acoger el Gobierno

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están estudiando el incremento en el número de menores inmigrantes no acompañados ('menas') que debe acoger la región, impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, porque es, según el Ejecutivo autonómico, «manifiestamente ilegal».

Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, quien ha recordado que se trata de un asunto que no ha pasado por la Conferencia Sectorial del ramo, como es perceptivo.

Y es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes actualizar la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros en las regiones de 16.016 a 17.081 plazas.

Así pues, Andalucía debe acoger a 3.009 menores, Cataluña a 2.829 y Madrid, en tercer lugar, a 2.471, alrededor de cien más de los que tenía que acoger hasta ahora. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera esta decisión un «atropello» y por ello sus servicios jurídicos están estudiando que acciones legales pueden emprender al respecto.

Cabe recordar que, en marzo del año pasado, la Comunidad de Madrid cifró en 10.618 los menores extranjeros no acompañados que ha atendido desde 2019 y ha expresado en diversas ocasiones sus problemas para atender a todo ese volumen de personas, llegando incluso en ocasiones a situaciones de colapso.

Además, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado que la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en marzo pasado ya votó en contra de que se elevara una nueva propuesta de capacidades de las comunidades para la atención de menores no acompañados.

«Esa nueva propuesta del ministerio de Sira Rego no ha pasado por el trámite legal para ser debatida en Conferencia Sectorial y, por lo tanto, las nuevas capacidades presentadas por el Consejo de Ministros estarían incurriendo en una manifiesta ilegalidad», esgrimen.

Además, critican que «en el sistema de repartos forzosos, han sido trasladados menores el mismo día en que cumplían la mayoría de edad, o que la cumplían dos o tres días después; y menores con familiares en la comunidad de origen, que contaban con trabajo o con pareja».

Ese, sentencian, «no es el interés superior del menor, sino el interés de un Gobierno por romper los sistemas de protección de las comunidades autónomas, salvo los de Cataluña y País Vasco, que no han sido obligados a recibir a menores».

Regularización masiva

En paralelo, interrogado por el proceso de regularización impulsado por el Gobierno, García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha reiterado que se trata de un «auténtico caos».

«Sobre este proceso de regularización masiva, lo veníamos alertando desde la Comunidad de Madrid, que de hecho fue la primera en presentar el correspondiente recurso. Es un auténtico caos que no obedece las razones objetivas», ha afirmado.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esa regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ante la «duda» de «si podría entrar en colisión» con normativa comunitaria.