Campaña para salvar la cruz de Majadahonda que quiere demoler Sánchez: piden a Ayuso que la declare BIC

El pasado 30 de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la retirada del monumento a los Rumanos Caídos, ubicado en Majadahonda (Madrid), por «exaltar la figura de Francisco Franco». Una decisión contra la que se ha postulado la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha pedido al Ejecutivo madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, proteger el conjunto monumental, que incluye una cruz conmemorativa, declarándolo Bien de Interés Patrimonial (BIP) o Bien de Interés Cultural (BIC).

El monumento, construido en 1948 en recuerdo de los ciudadanos rumanos Ion Mota y Vasile Marín, fallecidos en el Cerro de la Radio de Majadahonda durante la Guerra Civil española, fue incluido el pasado mes de junio en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ordenando su inmediata retirada o demolición al considerarlo un «elemento de exaltación del franquismo y del fascismo europeo».

Sin embargo, Abogados Cristianos considera que el valor histórico y religioso del conjunto obliga a estudiar su protección antes de ejecutar cualquier actuación irreversible. Cabe recordar que su construcción no estuvo financiada por el Estado español, sino mediante aportaciones privadas de rumanos exiliados que habían huido del régimen comunista instaurado en su país tras la Segunda Guerra Mundial.

Así, esta fundación reclama a la Comunidad de Madrid que acuerde inmediatamente la suspensión cautelar urgente de cualquier licencia, orden, ejecución o actuación material dirigida a su demolición o retirada.

Además, advierte que el conjunto se encuentra en terreno de titularidad privada, anexo al cementerio parroquial de la localidad; por lo que considera que cualquier intervención unilateral para demolerlo o alterarlo sin los procedimientos y autorizaciones correspondientes constituiría una vía de hecho administrativa.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que «no se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana».

«Se trata de un monumento levantado en terreno privado y cuyo valor debe ser protegido. La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de impedir su destrucción y defender nuestro patrimonio histórico y religioso frente a quienes pretenden hacerlo desaparecer», ha apostillado.