Ayuso exigirá que los nacionalizados sólo puedan votar en Madrid si sus ascendientes vivieron en la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid que su Gobierno va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central para garantizar que el Gobierno de Pedro Sánchez no manipule el censo con el voto exterior y la Ley de Nietos.

En concreto, el Ejecutivo autonómico quiere que la instrucción que la Junta Electoral mande a los consulados tras la decisión del Supremo recoja que el censo solo se puede ampliar acreditando residencia última en la región y rechazando el concepto de «mayor arraigo».

Es decir, Madrid va a exigir que en la elaboración de la instrucción que ha ordenado el Tribunal Supremo, dirigida a las oficinas consulares, establezca que la determinación del municipio de inscripción de las personas que adquieran la nacionalidad española debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente los criterios que prevé nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 7.3).

Este precepto establece que «como madrileños, gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado».

Así, lo que persigue Díaz Ayuso es que solo se puedan incorporar al censo como votantes desde el exterior en las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellos descendientes de personas «cuya última residencia acreditada documentalmente sea un municipio de la región».

El Gobierno autonómico va a presentar estas alegaciones después de que el Tribunal Supremo haya decidido suspender la inscripción en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la conocida como Ley de Nietos. El fin de esta iniciativa, apuntan desde Sol, es «evitar que el Gobierno central manipule estas cifras aplicando esta normativa».

Cabe recordar que Ayuso puso en marcha un grupo de trabajo en diciembre de 2025, cuando alertó de las pretensiones de Sánchez de querer usar la Ley de Nietos para hacer ingeniería electoral y mover los censos para su beneficio ante un PSOE a la baja en respaldo electoral.

Entre los temas en los que está trabajando este grupo, deslizan fuentes del Gobierno regional, se encuentran posibles acciones judiciales, trabajo de supervisión y vigilancia en los expedientes que se van tramitando, generación de equipos de voluntarios en las zonas más sensibles donde el gobierno está acelerando procesos e incrementando personal (Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, EE.UU o Reino Unido), supervisión de los contratos de externalización como el que se ha realizado con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización, etc.