Madrid recurre ante el Supremo el decreto que pretende prorrogar el reparto forzoso de menores inmigrantes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, recurrió el pasado 1 de septiembre el Real Decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez que quiere prorrogar el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados.

Lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien también ha avanzado que el recurso ya ha sido admitido a trámite. Se trata, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de la sexta actuación judicial que emprende la Comunidad de Madrid para frenar las distintas decisiones de Moncloa en materia de inmigración.

En este sentido, este último recurso va dirigido contra el Real Decreto del Ministerio de Juventud e Infancia que fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio iniciado en 2025.

Un sistema que se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.

Por otro lado, Madrid también recurrió ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social. Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias.

El Ejecutivo autonómico también ha presentado recurso ante el Supremo contra los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional cuestiona que el Ministerio Sira Rego establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado.

La Comunidad de Madrid también ha emprendido acciones judiciales contra procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a la región y ha solicitado su suspensión. El objetivo es evitar que estos traslados se lleven a cabo mientras esté pendiente de resolución la constitucionalidad del sistema que los regula.

Por último, en materia de asilo y protección internacional, la Abogacía General recurrió ante el Alto Tribunal, que el pasado mes de diciembre obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que se encontraran en la Comunidad de Madrid. El tribunal determinó que su acogida corresponde al Estado, por ser la administración competente en esta materia.