El Gobierno de Ayuso suma 144 archivos judiciales de denuncias sobre su gestión de las residencias en pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso de apelación de un auto de archivo dictado por la Plaza 4 de Valdemoro en un procedimiento penal relacionado con la atención a mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia. Con este, según los datos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya son 144 los procedimientos judiciales que han archivado denuncias relacionadas con su gestión de las residencias en el covid.

En concreto, la Sección 15ª ha desestimado el recurso presentado por la familia de un residente fallecido en marzo de 2020 contra el auto que archivó una causa abierta por un posible delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal.

La defensa de la familia está ejercida por la abogada Alejandra Jacinto, quien fue candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2023 y posteriormente abandonó la política institucional para regresar a la abogacía.

Este último auto, fechado el pasado 14 de septiembre, afirma que «la valoración conjunta del material instructor no revela la existencia de un móvil discriminatorio». En este sentido, señala que «el informe médico-forense concluye que la asistencia dispensada fue adecuada a la circunstancias concurrentes, mientras que los facultativos explicaron que las decisiones terapéuticas adoptadas respondieron exclusivamente a criterios clínicos individualizados y al extraordinario contexto sanitario existente durante la emergencia derivada del covid».

Así, el auto proclama que «ninguno de los elementos incorporados a la causa permite sostener, siquiera indiciariamente, que la actuación de los investigados estuviera guiada por factores discriminatorios o ajenos a la valoración médica del paciente».

Además, sostiene que «no procede acceder a la práctica de nuevas diligencias de investigación» porque «la instrucción penal no puede convertirse en una investigación prospectiva orientada a indagar genéricamente si pudieran existir responsabilidades penales».

«Las diligencias interesadas por la apelante se dirigen fundamentalmente a profundizar en la elaboración y aplicación general de los protocolos sanitarios de derivación durante la pandemia, sin identificar de qué modo su práctica permitiría acreditar una conducta penalmente relevante en relación con el caso concreto enjuiciado», añade.

Fuentes de la Comunidad de Madrid califican este auto como «muy importante» por la «rotundidad del razonamiento, contrario a crear una causa general contra los protocolos, y descendiendo el caso a las circunstancias de la asistencia que se dispensara en cada caso».